La denuncia quedó radicada el miércoles y es contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y todos los ministros de la Nación por el "mega decreto" para desburocratizar el Estado "por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional", informó el sitio InfoNews.

Además, lleva la firma de Nilda Garré, Alicia Castro, Mempo Giardinelli, Atilio Borón, Florencia Santout, Roberto Salvarezza, Juliana Marino, Eduardo Sigal, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Llamamiento Judío y otros cientos de adhesiones.

El decretazo que firmó el Presidente la semana pasada, pretende la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder legislativo, bajo invocación de “desburocratizar y simplificar” la administración pública nacional, pero cuya verdadera finalidad se sintetiza en “achicar el Estado es agrandar los negocios”.

La denuncia, que quedó radicada por ante el Juzgado Nacional Nº 4, a cargo deljuez Ariel Lijo,  investiga también los requisitos de admisibilidad y materias que pueden ser abordadas por los decretos de necesidad y urgencia, "para demostrar que no están dados ninguno de esos requisitos, ya que el propio Presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU".

"La presentación sostiene que, en el casos, es de aplicación lo preceptuado por el primer párrafo del art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional, que establece: 'El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo'. Asimismo, que entre las materias vedadas para la emisión de DNU, conforme el texto constitucional, se encuentran la penal y la tributaria, siendo que el DNU 27/2018 inficiona ambas materias", continúan.

Es por ello que solicitan la inmediata suspensión de la entrada en vigencia del DNU y la habilitación de la feria judicial "a fin que este grave delito institucional no se consume".