El primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, fue denunciado ante la Justicia por el presunto pago de coimas, admitido por la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina, informó ámbito.com.

La presentación fue realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, quien comenzó imnmediatamente a recolectar datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra.

Las empresas Odebrecht y Braskem se declararon culpables en marco de la causa 'Lava Jato', de violar normas contra sobornos fuera del país y según un documento aportado por el Departamento de Justicia estadounidense, donde se lleva adelante el juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014.
 

La reciente denuncia no solo alcanza al primo de Macri sino que también incluye a Juan José Aranguren y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

"Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", dijo en el abogado denunciante, Daniel Igolnikov. 

El abogado pide seguir la doctrina del iter criminis, que significa "recorrido del delito", para determinar si pueden llegar a Calcaterra como responsable del delito.

"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado.

"Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como en el caso de Milagro Sala", afirmó Igolnikov.