Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad, así como la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), fueron denunciados penalmente después de que aceptaran públicamente que los trenes adquiridos a España para la línea B del subte tienen asbesto.

También conocido como amianto, el asbesto tiene propiedades ignífugas y durante décadas se utilizó en la construcción. Pero en la Argentina está prohibido desde 2001 por considerárselo cancerígeno.

La denuncia fue presentada por el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad, José Cruz Campagnoli, la legisladora porteña Andrea Conde y la abogada de Derechos Humanos Elizabeth Gómez Alcorta, recayendo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas.

Se acusa a los funcionarios por el delito de contaminación tipificado en el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal al que utilizando los residuos a que refiere esta ley envene o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

"Macri compró estos trenes al Metro de Madrid, que los vendió como si fuera chatarra. Esta transacción se hizo en 2011, costó 20 millones de dólares y en los manuales de los trenes figuraba que tenían asbesto. Además, este material está prohibido en Argentina desde 2001, por lo que la compra de esos trenes fue ilegal", expresó Campagnoli sobre la denuncia.