La decisión de la continuidad de las sesiones está ahora en manos de la Corte Suprema que deberá decidir si da lugar al requerimiento de la vicepresidenta de la Nación que presentó lo que se conoce como una acción declarativa de certeza para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, debido al aislamiento social provocado por el coronavirus.

"La vicepresidenta solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión online en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia, como impuestos".

Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula. 

El pedido se enmarca en la intención del oficialismo de sesionar para tratar temáticas que no pueden ser resueltas mediante decretos de necesidad y urgencia, como lo son los proyectos impositivos, penales o electorales.

Una de las iniciativas que estaría encuadrada en este marco es la del proyecto de ley que busca gravar las grandes riquezas creando un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos.