El armado judicial una vez se manifiesta, esta vez con un movimiento distractor, una maniobra para acomodar las piezas en el tablero y proteger a sus componentes más amenazados. 

El caso que salió desde los  medios y que el juez federal Sebastián Casanello comenzó a investigar por ciertas irregularidades en los registros de aportantes a las campañas de Cambiemos, tanto en 2015 como en 2017, ahora quedará bajo la responsabilidad de un magistrado muy cercano al Ejecutivo, el titular del juzgado federal número uno de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu.

Pero este cambio no hubiese sido posible sin el planteo del fiscal Carlos Stornelli, recibido y aceptado por el camarista federal Martín Irurzun, en relación a la competencia territorial en detrimento de Casanello, ya que los supestos delitos fueron cometidos en principio en la provincia de Buenos Aires.

Según recapitó Tiempo Argentino, la denuncia original de la Fundación Alameda, tenía en cuenta la investigación periodística del 17 de junio de 2018 por el sitio web El Destape, donde se hablaba de “la utilización de personas de bajos recursos, beneficiarias de los programas ‘Argentina Trabaja’ y ‘Ellas Hacen’- para insertar dinero ilícito en la campaña electoral del año 2017 de distintos candidatos de la alianza Cambiemos Buenos Aires”.

Según la mirada de especialsitas judiciales, Ziulu es “cercano" a Irurzun y cuenta con fallos polémicos: “Levantó la captura para un acusado de crímenes de lesa humanidad, fue uno de los primeros en frenar la reforma judicial del kirchnerismo y en autorizar los tarifazos del macrismo”, recordó politicajudicial.com

En su cuenta de Twitter la expresidenta Cristina Fernández denunció con indignación que los delitos enumerados en la investigación por los aportantes truchos fueron tergiversados por Irurzun como "delitos electorales" y configuró el objetivo de la maniobra como un "blindaje" para María Eugenia Vidal.

Cristina Kirchner on Twitter

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