Uno de los constitucionalistas que defiende la idea de los 5 miembros es Gregorio Badeni, que en el día de ayer se pronunció a favor de que Carlos Fayt continúe en su cargo a pesar de que cumplirá 97 años en febrero y posee una salud cada día más frágil.
Criticó a la oposición por negarse a debatirlo sin saber todavía el nombre, y los retó porque esa "no es una estrategia republicana". "Me parece mal, los cargos están para ser cubiertos", insistió, y agregó: "No sé cuál será el juego de la oposición, quizás tengan miedo de que se decida un juez muy oficialista, pero ninguno de los tres que se mencionan lo son", en referencia al ex ministro de Justicia bonaerense León Arslanian, a la decana de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, y al diputado radical Ricardo Gil Lavedra.
Badeni explicó que "en enero habrá cuatro jueces y, si bien puede funcionar, lo cierto es que los cargos están para ser cubiertos y no para estar vacantes" y aseveró que proponer al candidato que ocupará el lugar de Zaffaroni es una facultad de quien ejerce actualmente el Poder Ejecutivo.
Otro de los expertos es Andrés Gil Domínguez, quien tiene relaciones cercanas con las corporaciones mediáticas que impulsan la medida opositora  ya que fue uno de los amicus curiae de Clarín contra la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Gil Domínguez consideró que el pacto opositor "no es muy sano desde la perspectiva institucional y republicana". "Los bloqueos existen en todas las democracias, pero nunca he estado de acuerdo con los bloqueos políticos per se, me parece que no está bien", y agregó: "No pueden renunciar al funcionamiento institucional, así como tampoco pueden ser obligados a votar a cualquier candidato".
Sobre la designación de un reemplazante dijo que "no solamente que le corresponde legítimamente" al Poder Ejecutivo, sino que "hay una normativa vigente, que es decreto 222 que dictó en 2003 Néstor Kirchner a pedido de un montón de ONGs jurídicas" que dice que "si está vacante el cargo, el Presidente tiene 30 días para proponer un reemplazante", por lo que es una obligación del primer mandatario.
Por si no quedase claro, afirmó que "oponerse a la normativa es oponerse a la Constitución". Y explicó que "los bloqueos parlamentarios no son un sinónimo de racionalidad deliberativa, mucho menos cuando se plasman en un compromiso escrito, en un pacto. Eso habla de la debilidad de la oposición".

Uno de los constitucionalistas que defiende la idea de los 5 miembros es Gregorio Badeni, que en el día de ayer se pronunció a favor de que Carlos Fayt continúe en su cargo a pesar de que cumplirá 97 años en febrero y posee una salud cada día más frágil.

Criticó a la oposición por negarse a debatir el reemplazo sin saber todavía el nombre, y los retó porque esa "no es una estrategia republicana". "Me parece mal, los cargos están para ser cubiertos", insistió, y agregó: "No sé cuál será el juego de la oposición, quizás tengan miedo de que se decida un juez muy oficialista, pero ninguno de los tres que se mencionan lo son", en referencia al ex ministro de Justicia bonaerense León Arslanian, a la decana de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, y al diputado radical Ricardo Gil Lavedra.

Badeni explicó que "en enero habrá cuatro jueces y, si bien puede funcionar, lo cierto es que los cargos están para ser cubiertos y no para estar vacantes" y aseveró que proponer al candidato que ocupará el lugar de Zaffaroni es una facultad de quien ejerce actualmente el Poder Ejecutivo.

Otro de los expertos es Andrés Gil Domínguez, quien tiene relaciones cercanas con las corporaciones mediáticas que impulsan la medida opositora  ya que fue uno de los amicus curiae de Clarín contra la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gil Domínguez consideró que el pacto opositor "no es muy sano desde la perspectiva institucional y republicana". "Los bloqueos existen en todas las democracias, pero nunca he estado de acuerdo con los bloqueos políticos per se, me parece que no está bien", y agregó: "No pueden renunciar al funcionamiento institucional, así como tampoco pueden ser obligados a votar a cualquier candidato".

Sobre la designación de un reemplazante dijo que "no solamente que le corresponde legítimamente" al Poder Ejecutivo, sino que "hay una normativa vigente, que es decreto 222 que dictó en 2003 Néstor Kirchner a pedido de un montón de ONGs jurídicas" que dice que "si está vacante el cargo, el Presidente tiene 30 días para proponer un reemplazante", por lo que es una obligación del primer mandatario.

Por si no quedase claro, afirmó que "oponerse a la normativa es oponerse a la Constitución". Y explicó que "los bloqueos parlamentarios no son un sinónimo de racionalidad deliberativa, mucho menos cuando se plasman en un compromiso escrito, en un pacto. Eso habla de la debilidad de la oposición".