El 20 de marzo último, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura citó a Bonadio por acusaciones de "mal desempeño" en las causas de la defraudación contra el Estado Nacional durante la privatización de Tandanor, las presuntas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma.
Sus supuestas "excesivas e injustificadas demoras" habrían motivado “la prescripción de las causas", generando "con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado", sostuvieron desde la Magistratura.
Ese mismo día, el magistrado dispuso la elevación a juicio de una causa contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, a quien acusó del delito de abuso de autoridad.
Este accionar se replicó también el 8 de agosto pasado cuando el juez dictó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil. El día anterior, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura había aprobado la citación de Bonadío por su actuación en la causa por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos, por el cual muchos de ellos murieron, con los virus de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, ocurrido en 1984.
El denunciante busca esclarecer por qué Bonadío demoró injustificadamente la citación a indagatoria de los imputados, las cuales fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa, mientras que otros imputados no fueron nunca indagados, pese a que se lo ordenó la Cámara.
En dos oportunidades este juez declaró el sobreseimiento de los acusados, pero ambos dictámenes fueron revocados por la Cámara que le ordenó realizar nuevas medidas, entre ellas indagar a los imputados, medidas que el juez nunca concretó.
Una cuarta demanda fue presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, quien denuncia que en el juzgado a cargo de Bonadio recibió malos tratos cuando en reiteradas oportunidades se presentó en la oficina judicial para solicitar un certificado de sobreseimiento.
También existe otro expediente vinculado a los malos tratos recibidos por la abogada Gloria Altamirano, quien denunció al juez por “violaciones graves a sus deberes” cuando el magistrado le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, en paralelo al trato “cruel, inhumanos y degradante” aplicado por el magistrado de quien incluso debió soportar comentarios despreciativos de distinta índole.
Bonadio también tuvo una actuación mediática durante el proceso judicial que investigó el accidente ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, de donde se desprenden tres denuncias en su contra.
Por ejemplo la del abogado de la querella mayoritaria de damnificados por el accidente, el Dr. Gregorio Dalbón, que denunció que asistió a numerosos actos procesales que dan muestra de un comportamiento arbitrario por parte del juez, a quien acusó de utilizar la "causa once" para fines propios y no para la búsqueda de la verdad.
El noveno expediente fue abierto a raíz de la presentación del Dr. Alejandro L. Rua por mal desempeño en sus funciones contra Bonadío por entender que cometió severas irregularidades al iniciar una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de la legitima defensa de sus asistidos que afectaron los derechos de defensa de sus asistidos, situación que cesó solamente cuando la Cámara lo apartó de la causa.

El 20 de marzo último, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura citó a Bonadio por acusaciones de "mal desempeño" en las causas de la defraudación contra el Estado Nacional durante la privatización de Tandanor, las presuntas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma.

Sus supuestas "excesivas e injustificadas demoras" habrían motivado "la prescripción de las causas", generando "con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado", sostuvieron desde la Magistratura.

Ese mismo día, el magistrado, que cuenta con 34 causas en su contra y 9 pedidos de destitución, dispuso la elevación a juicio de una causa contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, a quien acusó del delito de abuso de autoridad.

Este accionar se replicó también el 8 de agosto pasado cuando el juez dictó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil. El día anterior, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura había aprobado la citación de Bonadío por su actuación en la causa por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos, por el cual muchos de ellos murieron, con los virus de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, ocurrido en 1984.

El denunciante busca esclarecer por qué Bonadío demoró injustificadamente la citación a indagatoria de los imputados, las cuales fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa, mientras que otros imputados no fueron nunca indagados, pese a que se lo ordenó la Cámara.

En dos oportunidades este juez declaró el sobreseimiento de los acusados, pero ambos dictámenes fueron revocados por la Cámara que le ordenó realizar nuevas medidas, entre ellas indagar a los imputados, medidas que el juez nunca concretó.

Una cuarta demanda fue presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, quien denuncia que en el juzgado a cargo de Bonadio recibió malos tratos cuando en reiteradas oportunidades se presentó en la oficina judicial para solicitar un certificado de sobreseimiento.

También existe otro expediente vinculado a los malos tratos recibidos por la abogada Gloria Altamirano, quien denunció al juez por “violaciones graves a sus deberes” cuando el magistrado le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, en paralelo al trato “cruel, inhumanos y degradante” aplicado por el magistrado de quien incluso debió soportar comentarios despreciativos de distinta índole.

Bonadio también tuvo una actuación mediática durante el proceso judicial que investigó el accidente ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, de donde se desprenden tres denuncias en su contra.

Por ejemplo la del abogado de la querella mayoritaria de damnificados por el accidente, el Dr. Gregorio Dalbón, que denunció que asistió a numerosos actos procesales que dan muestra de un comportamiento arbitrario por parte del juez, a quien acusó de utilizar la "causa once" para fines propios y no para la búsqueda de la verdad.