La medida, que entró en vigor este jueves con la publicación del decreto 332/2022 en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial, contempla tres escalas según los ingresos de cada sector.

Al respecto, Cerruti precisó que el 10% de los ciudadanos y ciudadanas "van a tener que pagar la tarifa plena" por sus ingresos y, por lo tanto, "no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado".

Asimismo, aclaró que éste sería "el único segmento que puede llegar a recibir un aumento, que se va a prorratear por bimestre desde ahora y hasta final del año".

Esa franja de usuarios está comprendida por aquel que –detalló la portavoz– "tiene ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; es titular de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena".

Luego, explicó que el segmento que recibe la tarifa social, alguno de los planes sociales y está en situación de vulnerabilidad "va a pagar la tarifa social, que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40% del aumento del coeficiente del Salario Mínimo Vital y Móvil".

Por último, el segmento intermedio, es decir "que no cumple con ninguno de los dos criterios" anteriores, "no va a poder tener un aumento mayor al 80% del incremento del coeficiente salarial", remarcó la funcionaria en su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada.

"La manera en que esto se va a implementar y su reglamentación va a ser luego comunicado por el Ministerio de Economía y por la Secretaría de Energía", concluyó Cerruti.