Tanto el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos como el senador PRO presentaron ante el juez, Ariel Lijo, su intención de hacer uso del privilegio que se les otorga ante la Justicia por los cargos que ocupan.

En concreto, la “voluntad de prestar declaración en los términos del artículo 250 del Código Procesal Penal", que establece que  "no estarán obligados a comparecer" en el juzgado como testigos, "los ministros y legisladores nacionales y provinciales".

Ambos funcionarios macristas aparecen como testigos en la causa que investiga la aparición de 190 mil pesos no declarados en el domicilio de Gabriela Michetti, junto con otras personas que dan su testimonio en la causa.

A pesar que podrían renunciar a ese beneficio, ambos hicieron uso del mismo para salir en defensa de la vicepresidenta, en la causa que investiga el dinero que supuestamente "donaron" a la Fundación SUMA, presidida por Michetti.

Según sus testimonios, justamente al tratarse de una "donación" se justifica el hecho de que no hayan recibos, sino que se entregaron "sobres" con dinero para la entidad antes de las elecciones.

La Justicia incluyó a SUMA en la investigación porque Michetti explicó que $190.000 sustraídos de su casa la noche del 22 de noviembre fueron recolectados por personas de su entorno para organizar la famosa cena de gala.

Luego la Justicia amplió -a pedido de los diputados Rodolfo Tahiade y Juan Cabandié- el objeto de la causa a las fundaciones "Fundar Justicia y Seguridad", "Formar", "Creer y crecer" y "Pericles", todas vinculadas al oficialismo.