A principios de junio último, Mauricio Macri confesaba que “los únicos países que no firmaron todavía acuerdos (de delación) con la empresa Odebrecht, son Angola, Venezuela, Ecuador y Argentina".

“Lo que queremos saber es, dado que (la multinacional brasileña) confesó haber pagado 35 millones de dólares, que diga a quién le pagó", continuaba el Presidenta ante el Colegio Abogados de Buenos Aires.

Además señalaba: “Seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad con la que ha manejado toda la causa la procuradora (Alejandra Gils Carbó) hasta el día de la fecha".

Sin embargo, la gestión Macri sigue sin firmar el acuerdo de delación porque el objetivo oficial, claro está, no es que se sepa quiénes recibieron coimas, ya que quedarían manchados altos funcionarios macristas; sino, por el contrario, manejar ‘a piacere’ esa comprometedora información.

De hecho, los fiscales argentinos y brasileños están conformando un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para trabajar en causas vinculadas a las coimas de Odebrecht, con Gils Carbó y su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, a la cabeza.

Pero el Ejecutivo argentino no está dispuesto a ceder que sean los fiscales quienes manejen esa información, sino hacerlo discrecionalmente.