La demanda fue por daños y perjuicios contra la líder de la Coalición Cívica y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez. Ambos fueron acusados por el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Marchi, de realizar una falsa denuncia y montar una "operación de prensa", según informó el diario Ámbito Financiero.

La Sala B de la Cámara Comercial, sin embargo, rechazó la "inmunidad parlamentaria" que interpuso Carrió, y será investigada como una ciudadana más.

"Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano", indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo.

En este sentido, sostuvieron que negar la chance de que Marchi reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados "violaría el límite de igualdad ante la ley".

Carrió y Sánchez denunciaron al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres, pero la denuncia fue luego archivada por "inexistencia de delito", mientras que Marchi planteó que con esa denuncia penal afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la "inexistencia de interés fiscal en el caso".

El funcionario de la Corte Suprema los demandó civilmente un año después, pero Carrió, pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.