Alberto Fernández fue categórico al definir la elección de Carlos Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema como un retroceso, y entre sus argumentos incluyó su endencia a beneficiar al sector empresario "jurisprudencialmente hablando" además de ser el "autor ideológico" de la medida que pretendió en mayo de 2017 reducir las penas por delitos de lesa humanidad para una gran cantidad de represores, fracasada tras una fuerte negativa social.

El  ex Jefe de Gabinete se refirió a los estrechos vínculos con el poder político actual, y a la constitución de una nueva mayoría en el máximo tribunal que otorga al Presidente cirta tranquilidad para continuar con sus corrientes operaciones judiciales a manos de sus jueces afines.