El especialista brindó una entrevista con el periodista Hernán Viudes de Agenda Sur donde contó todo sobre las vulnerabilidades del sistema que será utilizado para las Elecciones Presidenciales 2019. 

“Ya controlan el software, lo que indica que la transmisión electrónica la van a manipular. Éste es un 'recurso' que ofrece el software contratado, y para eso suspendieron el telegrama electoral, que es la única garantía de transparencia en la trasmisión de los datos, desde las escuelas al Correo”, sentenció. 

El software fue desarrollado por la empresa Smartmatic y servirá para registrar, controlar y contar los votos. Pero -tal como figura en su ficha técnica- cuando se escanea el acta de cierre, antes de llegar al Correo pasa por un punto intermedio a disposición del contratante, o sea, el Gobierno. 

"Y ahí la misma cartilla técnica de la empresa especifica que se puede modificar una imagen electrónica por otra. Argumentando cualquier anomalía, se reemplaza y se retransmite al correo. Este proceso de triangulación del acta de cierre, que no va directamente al correo, es lo que permite hacer fraude: por eso lo compró”, dijo el especialista. 

El Gobierno adquirió este software en enero de este año, violando el artículo 103 del Código Nacional Electoral y eliminando por completo los telegramas firmados por las autoridades de mesa. 

“Les mostré a los políticos en la cara cómo se hace fraude, cómo se cambiaba el voto del candidato rojo al verde (o viceversa), acercando a la máquina o a la boleta, sin necesidad de tocarlas, un celular que tuviera instalado este software”, continúa Garbarz. 

Según el especialista, a raíz de esa presentación logró convencer a todos de no convertir en ley el proyecto del Gobierno de Boleta Única Electrónica. Pero, de todas maneras, avanzaron en el terreno que pudieron. 

Según el artículo, Smartmatic tuvo problemas en los pocos países en que implementó su software y sus directivos fueron denunciados. Por ejemplo, en 2016 en Estados Unidos, Filipinas y Uganda; en 2017 en Venezuela para la elección de la Asamblea Constituyente; y en 2018 en El Salvador.

Fuente: AgendaSur