El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó el miércoles el primer informe del año sobre la gestión del Gobierno Nacional ante la Cámara de Diputados, donde hizo público un dato llamativo: al Estado le sale poco más de 130 millones de pesos sostener a la jerarquía eclesiástica.

En concreto, eso cuesta al erario público –es decir, al contribuyente– pagar los sueldos de miles de obispos diocesanos y eméritos, administradores apostólicos y demás. Como ejemplo valga que un obispo recibe mensualmente del Estado la suma de 46.800 pesos.

Pero, claro, no es la única erogación oficial para sostener a la Iglesia Católica. Muchos millones van a obras puntuales como de infraestructura, cuando no como subsidios a Cáritas y otras obras de beneficencia, como becas, etc.

Pero si se tienen en cuenta los dineros dirigidos a colegios gestionados y usufructuados por la Iglesia, la cifra se convierte en sideral. Aunque no se conoce con exactitud, alcanza varios miles de millones de pesos en todo el país.

Baste saber, como ejemplos, que la Ciudad destina unos 3.200 millones de pesos a las escuelas porteñas privadas administradas por la curia, y en la Provincia de Buenos Aires ese monto asciende a unos 10.000 millones, según una investigación de Infobae.

Todo ello sin contar lo que el Estado deja de percibir a modo de impuestos por las numerosas exenciones que benefician a la Iglesia Católica: no paga ni IVA ni Ganancias, para solo mencionar dos ítems.