El principal problema que tiene hoy el sistema penal argentino no es el Código vetusto y manoseado mil veces a lo largo de los últimos noventa años con el que se rigen los jueces para disponer qué penas les corresponden a los responsables de los delitos.

La mayor preocupación es que de las sesenta mil personas que se hacinan en las unidades penitenciarias de nuestro país, el setenta por ciento no tiene condena. Y la cuestión se agrava todavía más cuando incluimos en el análisis la efectividad del servicio: ni las cárceles son espacios dignos de confinamiento para nadie, ni los que permanecen allí encerrados se resocializan y se preparan para reinsertarte en la sociedad, como establece la Constitución Nacional.

De todos modos, aceptando que la modificación del Código Penal no modificará la injusticia que se comete al incumplir con el actualmente en vigencia ni resolverá –como alguna vez nos quisieron hacer creer Juan Carlos Blumberg y compañía- los problemas de inseguridad que preocupan a la sociedad argentina, les propongo evaluar la diferencia entre una propuesta seria y los mamarrachos que vocifera amplificado por sus usinas propaladoras el ya instalado candidato presidencial del Frente Renovador Sergio Massa.

Cuando en 2012 el gobierno nacional dispuso la creación de una Comisión para evaluar la redacción de un anteproyecto de Código Penal que reemplace al actual, Massa todavía era un sonriente intendente del Frente para la Victoria y ni siquiera se había recibido de abogado.

Por eso la representación de las fuerzas partidarias en ese ámbito de discusión omitió al joven partido de Massa, creado un año después de aquella convocatoria. Sin embargo, sí integraron la Comisión miembros de los partidos de la oposición con representación parlamentaria y prestigiosos juristas especializados en la materia.

El diagnóstico era claro: el Código Penal actualmente en vigencia es de 1921 y tuvo desde entonces unas mil reformas que afectaron su coherencia y la proporcionalidad de sus penas. Además, hay decenas de leyes dispersas que prevén delitos. Todos coincidieron entonces en las ventajas de ordenar el régimen penal, demandándole al Congreso que dicte un "cuerpo" de normas en materia penal.

Dos años después de creada la Comisión, el anteproyecto estuvo listo y fue entregado al Poder Ejecutivo en los tiempos previstos. Ahora se abre otra instancia de discusión y debate que incluye las propias contradicciones del oficialismo en esta materia y las vergonzosas fintas de los partidos opositores que actúan con una demagogia propia de los carentes de convicciones al convocar a un plebiscito para que la sociedad opine de un tema en el que ellos mismos se encargan de desinformar.

Allí emerge, nítido en el horizonte de mediocridades consecuentes, Sergio Massa quien logra la difícil tarea de correr por derecha a las huestes de Mauricio Macri y, como parte de su campaña política focalizada en el miedo al delito, difundió un decálogo de las supuestas verdades acerca del anteproyecto de reforma del Código Penal. Y lo hace mediante eslogans estructurados con afirmaciones tramposas, imprecisas en ciertos casos y falsas en otros, y que buscan dejar como mensaje que el paquete legal está pensado para favorecer a quienes cometen delitos. Se basan en una deducción rudimentaria según la cual con más castigos, con más venganza, habrá menos delincuencia.

El contenido del texto que elaboró la comisión multipartidaria de juristas no tiene nada que ver con las verdades de Massa. Introduce novedades, como las penas alternativas a la prisión y la aplicación del criterio de insignificancia para dejar de perseguir delitos de ínfima trascendencia. Si bien es cierto que reduce penas de 116 delitos, no es menos cierto que las aumenta en otros 159. Y un dato muy importante: se incluyen 85 tipos penales nuevos, como por ejemplo la responsabilidad penal (hoy inexistente) de las personas jurídicas, como empresas, a menudo utilizadas para amparar a las personas físicas que delinquen y otros delitos que apuntan a penalizar al poder económico.

Claro que también interpela al propio oficialismo entre cuyas filas no hay unanimidad respecto a la conveniencia de avalar el anteproyecto, que corre por izquierda a un gobierno que tuvo el coraje político de abrir el juego para discusiones de fondo y ahora no tiene espaldas para sostener las consecuencias de aquella apertura.