Un presupuesto nacional de mentirijillas desvela a gobernadores, intendentes, senadores, diputados y a cuanto lechuguino que tenga alguna responsabilidad institucional con algún grado de dependencia de los fondos nacionales. Desde luego, la aprobación –cualquier aprobación– también desvela, y muy especialmente, al gobierno “nacional”, necesitado de exhibir algún trofeo ante el Fondo Monetario.

Tal como ha sido demostrado en la práctica cotidiana durante los tres últimos años, un agrupamiento político-comercial funcional al sistema financiero internacional, que maneja los resortes del Poder Ejecutivo Nacional, cuenta con la complicidad del Poder Judicial y está cooptado por los grandes conglomerados mediáticos, no necesita de votos ni mayorías parlamentarias y conforma, en sí mismo, un poder autocrático.

La gradual evaporación del carácter semifederalista de nuestro país, pulverizado por reformas constitucionales, leyes, decretos y usos y costumbres, que ha vuelto a las provincias cada vez más dependientes de los fondos y arbitrios de la Casa Rosada, ha tornado cada vez más autosuficiente al Poder Ejecutivo, tanto que en rigor de verdad no necesita de la aprobación de nada parecido a un presupuesto. Es que finalmente el Poder Ejecutivo hace y ha hecho lo que se le canta con la guita, las deudas y los recursos. Véase sino que sin tanta concentración del poder económico, Raúl Alfonsín gobernó varios años sin prepuesto así como en algún momento tuvo que hacerlo Cristina Fernández.

Los gobernadores y los lechuguinos varios, por lo general opositores políticos, creen tener garantizados los recursos por el solo hecho de que esas partidas figuren en un papelito que nadie está en condiciones de hacerle cumplir al gobierno, así como nadie –y el diputado Felipe Solá lo sabe perfectamente– puede hacer que el gobierno de Mr. Macri cumpla con ninguna de las leyes aprobadas por el Congreso. Para recordarlo y recordárselo al diputado Solá, que en su momento creyó pasarse de listo, eso ocurrió con la ley de blanqueo y la prohibición de que fueran beneficiados parientes y amigos de los funcionarios, que el bloque de Cambiemos fingió aprobar y que el PEN volvió papel picado mediante un simple decreto de necesidad y urgencia. Ilegal, clamó con razón el diputado Solá, en tanto ninguna ley puede ser modificada por un decreto. Ilegal ¿y qué?

¿Por qué entonces el PEN parece tan urgido en la aprobación del presupuesto, de cualquier presupuesto? Se han puesto a pensar gobernadores y senadores –al menos aquellos que actúan de buena fe y no incentivados por negocios particulares o disciplinados por acciones extorsivas– por qué el Poder Ejecutivo aparece tan interesado en que sea aprobado un presupuesto que, una vez más, no se respetará? ¿Creen seriamente que las modificaciones parciales a artículos lesivos para las provincias, municipios, universidades, etc., son capaces de mitigar, de modificar mínimamente la intención ajustadora del gobierno macrista? A esta altura de las cosas, ¿creen los señores gobernadores y los inteligentes senadores que conforman el interbloque Argentina Federal –que, en la tradición nacional de nombrarse según las cualidades de que se carece, no es ni una cosa ni la otra– que Cambiemos tiene voluntad propia, que aun de proponérselo, aun en el remoto caso de que tomara alguna consciencia del grave daño que está causando al país y a sus habitantes, podría Cambiemos modificar mínimamente las órdenes del FMI, ante el que ha rendido su voluntad y, en consecuencia, entregado la poca soberanía económica y la independencia política que quedaba?

¿Por qué piensan los cráneos que ocupan las gobernaciones y calientan las bancas del Congreso que el FMI y el gobierno están tan interesados en aprobar un presupuesto que no se cumplirá?

Por su valor simbólico: aprobar el presupuesto del PEN, aun con todas las inútiles modificaciones que se le quieran introducir, aun “garantizándose” la continuidad de partidas y subsidios varios (como si la promesa de quienes han violado sistemáticamente toda clase de pactos y juramentos pudiera ser garantía de nada), implica, práctica y políticamente, la aprobación por parte de la mayoría de la representación política de la sociedad, del acuerdo firmado en nombre de todos entre los empleados del grupo Clarín y el Fondo Monetario Internacional.

El valor de la aprobación (o desaprobación) es simbólico, ya que sea cual fuere el presupuesto votado, no se lo ejecutará: la única atribución –la única voluntad, además– del gobierno de Mr. Macri es cumplir con las directivas del Fondo Monetario. No existe ninguna otra alternativa mientras estas personas sigan ocupando los lugares que ocupan y continúen fingiendo dirigir los destinos nacionales.

Si lo saben, si lo han aprendido por experiencia propia, si a lo largo de casi tres años ningún compromiso ha sido respetado, ¿por qué gobernadores y legisladores insisten en buscar acuerdos y algún grado de consenso con quien siempre los ha estafado?

A veces cuesta creer que gente grande y tan experimentada parezca ser a la vez tan zonza, pero si por algunas fallas del sistema eléctrico del cerebro, por si tienen las terminales nerviosas quemadas,o  si las neuronas no hacen contacto entre sí y han perdido la memoria inmediata, sería útil que gobernadores y legisladores recordaran algunas enseñanzas de la historia antigua. Como, por ejemplo y sin ir muy lejos, que Roma no paga traidores.