El BCRA redujo encajes para que los bancos aumenten los préstamos a individuos y PYMES, aceleró la expansión de la base monetaria para que el sistema bancario otorgue préstamos a tasas bajas para pagar sueldos, financiamiento de capital de trabajo y evitar la ruptura de la cadena de pagos, pero de los $350 mil millones que inyectó en créditos para pagar sueldos, los bancos solo otorgaron un 3%.

Esta calamidad no se resuelve con burocracia privada y mejoras incrementales. Hasta el régimen oficinesco es ineficiente. Es necesaria una reingeniería radical de todo el sistema financiero, incluyendo la declaración oficial como “servicio público con actividad esencial” ya mismo. Los bancos tienen que hacer cosas gratis durante toda la emergencia. Deben cumplir una función social y ejercerla con compromiso. No puede ser que en el partido de Lomas de Zamora para llegar a un cajero automático haya que transitar 20 cuadras. No hay suficiente personal en las sucursales ni bastantes cajeros automáticos en todo el país.

Alberto Fernandez arrancó con un programa sencillo y propósitos moderados para atender a los damnificados del efecto “tierra arrasada”, detrás sobrevino el temporal coronavirus que amplió las necesidades iniciales de forma amplificada. En este momento el nivel de caída del consumo y la actividad es fenomenal. La creación de “espacio fiscal” obtenida para estimular la demanda quedó completamente desactualizada. Es necesario otorgar a las PYMES y las empresas de la economía popular créditos no reembolsables por alrededor de 2% del PBI.

Moderar la altísima tasa de inflación que dejó el gobierno de Macri para conformar a los fracasados economistas monetaristas y reestructurar la deuda pública de manera ordenada para ser un “país serio”, ya no deberían ser las prioridades del ranking de un gobierno que ha demostrado sensibilidad y sensatez.

El BCRA debe impulsar una política monetaria mucho más expansiva, procurando también el inmediato descenso de las tasas de interés, suministrando liquidez e  impulsando el crédito al sector privado como ya lo hizo y continuará haciendo EE.UU. (Ya están tratando otro billón de dólares)

En este preciso momento los países desarrollados están aplicando medidas que problematizan la mano invisible como razonamiento para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busca el interés propio. El sometimiento que tuvimos desde 1976 a esa lógica que hizo crecer a los desarrollados hasta 2008-desde entonces perduran con keynesianismo-, a nosotros nos llevó a la ruina. No existe ningún país que haya alcanzado un alto grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de recursos naturales y especulación financiera. El resultado es que después de 43 años de sometimiento a esa lógica, alrededor de 40% de los argentinos clama por comida y trabajo.

Según las autoridades del ministerio de economía del gobierno de facto, la reforma de 1977 había sido impulsada con la finalidad de modernizar el sistema financiero argentino y mejorar el funcionamiento del BCRA. Todo esto para apegarse a la creación de ahorro, uno de los principales problemas de la economía argentina. A través de este progreso, los bancos otorgarían abundantes préstamos para el desarrollo, pudiendo estimular la competencia entre bancos, para que los costos procedieran a la baja y los usuarios pudieran apalancar sus actividades productivas. Así proliferaron entidades sin ningún tipo de control cuyos depósitos a plazo fijo eran endosables y garantizados por el BCRA. Falsificaciones a granel, en tres años solo el BIR (Banco de Intercambio Regional le costó al país, 3.000 millones de dólares de 1980). Se desbordaron los límites del disparate.

La realidad es que las distorsiones que ha dado lugar aquella Ley (21.595) contribuyó a la destrucción tendenciosa de la industria nacional, mediante una pésima asignación de los recursos financieros, creando un creciente espíritu de financiarización especulativa que hizo multimillonarios a unos pocos grupos industriales argentinos y empresas extranjeras reconvertidos para dedicarse a la timba. Desde entonces el alto costo financiero se ha convertido en uno de los problemas estructurales de nuestra economía. Cada eslabón de la actividad económica se esfuerza bajando costos de todo tipo para seguir manteniendo el gasto financiero y trasladarlo como una de las claves de la inflación. (Para desarrollar en otro artículo)

El abandono de los instrumentos elementales de regulación condujo a una serie de abusos legalmente dañinos que atentaron contra el desarrollo de la economía nacional, y continúan castigando la producción desde hace más de cuarenta años.

Hay que decir que antes de esa Ley, tampoco los préstamos eran abundantes y el sistema financiero era bastante acotado. Pero había Banco Nacional de Desarrollo, Banco Hipotecario y, a juzgar por los resultados hoy no podemos afirmar que la situación previa haya sido más desfavorable. Con la descentralización de los depósitos se echaron las bases de un sistema financiero que incentivó el mecanismo de endeudamiento y fuga con estímulos evidentes y facilidades extraordinarias para desangrar la economía argentina. En 43 años la deuda creció 48 veces.

Claramente nunca se estimuló la prestación de un servicio financiero de fomento eficiente, de reducido costo. Se puso en manos de bancos, financieras y mandatarias privadas el manejo de las variables estratégicas fundamentales del sistema capitalista para que arbitren entre su propia rentabilidad y el desarrollo de la actividad productiva, científica y cultural del país.

La contenida avaricia de los banqueros se volvió frenética con semejante espacio. Los accionistas de bancos y sus ejecutivos solían ser gente cuerda y sobria antes de la Reforma Financiera del 77. Antes de la descentralización de los depósitos tenían que trabajar y asumir riesgos para generar utilidades.

Es necesario introducir ya mismo ajustes de magnitud a los abusivos spreads que todavía hoy se están aplicando, sin contar el despojo que produjo el déficit cuasi fiscal registrado en los últimos cuatro años. Las consecuencias públicamente conocidas que derivaron en un creciente apalancamiento especulativo (LEBAC, LELIQ, CREDITO DE CONSUMO) combinado con la flexibilidad de entrada y salida de capitales, no solo ha dificultado las posibilidades de alcanzar niveles óptimos de crecimiento de la actividad económica, sino que la destruyeron literalmente.

Por las circunstancias sucintamente expuestas, en el actual contexto social y economico resulta indispensable reintegrar al BCRA la dirección del sistema financiero (tercerizado en los bancos privados nacionales y extranjeros hace 43 años), a fin de que vuelva a constituir la fuente natural de financiación de la industria, el comercio, la economía popular, las PYMES y los particulares, creándose condiciones que posibiliten un uso adecuado del ahorro argentino.

Es necesario un DNU, mientras se envía al Congreso un proyecto de Ley por el cual se procede a la centralización de los depósitos en el BCRA, desde donde los bancos recibirán los fondos por cuenta y orden de este, en carácter de mandatarios y no de consignatarios del ahorro argentino y el direccionamiento del crédito.

Mientras haya despidos, suspensiones y pago de salarios recortados, el sistema financiero no puede ser el único sector de la economía que mantenga sus márgenes de beneficio. Por su actual actividad de intermediación entre depósitos y créditos se le puede reconocer a los bancos una comisión o spread razonable, haciéndose cargo el BCRA de los intereses abonados a los depositantes. A su vez el BCRA podría canalizar los depósitos captados mediante redescuentos y adelantos a las entidades según renovados criterios de distribución, alineados a la actual crisis internacional, privilegiando los objetivos de desarrollo humano y productivo. La relación bancos-clientes se podría mantener sin variantes.  

El sistema tiene que tener como propósito maximizar el control monetario por parte del BCRA y apegarse a una adecuada optimización de los recursos financieros argentinos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de una economía de guerra. Debemos retomar los instrumentos clásicos de regulación y el ejercicio de esa función mediante la asignación directa de fondos dirigidos a las actividades que el Gobierno nacional priorice en estas horas aciagas.

Es evidente que la capacidad de préstamo para las empresas argentinas industriales y comerciales, PYMES y particulares resultante del actual nivel de depósitos trascenderá la escasez y mejorara los altísimos costos vigentes.

Bien sea por excesivas ganancias o lo que es peor, para mantener un ineficiente sistema financiero cuyos márgenes necesarios para sobrevivir sean los actuales, no podemos aplicar la función subsidiaria del Estado y someter al conjunto de la sociedad, para sostener el estatus actual.