“Es importante combatir los problemas relacionados con las enormes fortunas que se han amasado, algunas de las cuales han superado los límites saludables”. ¿A quién pertenecen estas palabras? ¿A Perón, a Kirchner, a  Hugo Chaves, a Lula da Silva? No, a Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, pronunciadas en 1906.
La idea de hacer que los ricos tributen parte de su patrimonio no es nueva, tiene una larga tradición basada en que un impuesto al patrimonio de los muy ricos es bueno no solo desde el punto de vista recaudatorio sino para limitar el poder de esa pequeña porción de la población que posee gran parte de la riqueza.
Si nos remontamos en la historia ya los romanos tenían clara percepción de los perjuicios que provocaba la acumulación insaciable de riqueza. Plutarco advierte que el uso perverso de las riquezas procede de atribuir al dinero un valor inherente más allá de su uso social, y ya desde  esa época las oligarquías se resistían a contribuir: es muy relevante el pasaje en que Tácito narra el desasosiego de los ricos romanos ante unas medidas contra el lujo que los tribunos querían rescatar de la época de Augusto. 
Es claro que la concentración de riqueza existente en el mundo y en nuestro país, además de la injusticia que representa, atenta contra el sentido de la democracia. Su capacidad para financiar campañas electorales a candidatos que protejan sus  intereses muy por encima de quienes no lo hagan es manifiesta, pero es solo uno de las cuestiones a considerar. Su influencia en los medios de comunicación (cuando no la apropiación lisa y llana de los mismos) es enorme y han logrado que gran parte de la población que constituye el 99 % restante apoye políticas que solo benefician a los más ricos. El poder de corrupción de esas enormes fortunas es otro factor que degrada la calidad de la democracia.
Esas riquezas en muchos casos han sido heredadas, y al haberse derogado el impuesto a las herencias se estimula la generación de dinastías de plutócratas. 
Para hacer frente a la pandemia que nos asola se ha propuesto la creación de un impuesto a los grandes patrimonios por única vez. No puede ser más tímido el proyecto, solo el 1% o el 2% y por única vez. Ni se menciona la idea de gravar los ingresos con tasas realmente progresivas.
La tasa máxima del impuesto a las ganancias es del 35 %, Más allá de eso se considera que sería confiscatoria (una figura que prueba el poder de lobby que tiene el capital concentrado). Sin embargo, si miramos la historia veremos que hubo momentos en que, sobre todo en Estados Unidos, el impuesto a las rentas fue efectivamente progresivo; en la década del 50 el impuesto sobre el tramo marginal más alto era del 91% y los más ricos pagaban en promedio alrededor el 70%.  
No se crea que estas imposiciones afectaron negativamente a la economía de ese país que vivió años de gran prosperidad hasta los primeros años de la década de los 70.
Por otra parte los ingresos declarados por los ricos  de los años 50 y 60 eran mucho más veraces que los que muestran hoy los ricos en todo el mundo (y la Argentina no es una excepción), ya que en ese entonces no estaba tan desarrollada  la industria de la evasión impositiva ni los denominados “paraísos fiscales”, en realidad guaridas fiscales. Su mera existencia es una prueba del poder de corrupción que tiene el 1 % más rico y la capacidad de obnubilar la racionalidad del 99% restante. Cómo es posible que se admita como natural que los dineros generados en un país, con el esfuerzo de sus habitantes y la provisión de sus recursos, puedan fugarse a lugares que no han contribuido a su obtención, con el único propósito de reducir la carga impositiva. En muchos de los casos el origen de los fondos depositados en los “paraísos fiscales” es dudoso o directamente delincuencial. Aún tratándose de fondos originados en actividades lícitas su fuga significa privar al país de esos capitales y al fisco de fondos necesarios.
Tal es el poder del dinero que el proyecto de impuesto a la riqueza a las grandes fortunas ha despertado oposición en tres tipos de actores. 
Por un lado están aquellos que serían sujetos alcanzados por el impuesto. Es un sector muy pequeño ya que se trataría de poco más del 1 % de los contribuyentes al impuesto a los bienes personales y 0,08 % de la población económicamente activa. Este sector se mueve por sus intereses personales alimentados por una codicia insaciable. Es evidente que a ninguna de estas personas se le modificaría su nivel de vida. Es sorprendente que aquellos que se muestran muy racionales a la hora de tomar decisiones para mantener e incrementar su patrimonio no perciban la irracionalidad que representa acumular fortunas que no podrían gastar ellos ni varias generaciones futuras. Ni siquiera está planteada la pregunta fundamental de para qué.
El segundo tipo de actores que accionan contra el impuesto a la riqueza es el de los smithers, que se corresponden con el personaje de los Simpson que sin compartir la fortuna de Montgomery Burns obtiene una pequeña parte de la misma a costa de satisfacer todos sus deseos. Aquí se pueden incluir algunos de los integrantes de los medios de comunicación que abogan por la no sanción de la ley, los gurúes de la city y los economistas profesionales que atienden a los verdaderamente ricos y a muchos de los políticos de la oposición que ya adelantaron su oposición a la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Se debe admitir que este sector actúa con racionalidad al defender sus intereses, sin dejar de denunciar la mezquindad de su actuación.
El tercer tipo de opositores al impuesto lo constituyen aquellos que están muy lejos de ser  alcanzados ni tienen intereses directamente vinculados con los ricos pero que lo hacen en previsión de que algún día lleguen a amasar una fortuna muy considerable (con probabilidad inferior al 0.0001 %) y que desde ya se oponen con fuerza a que les saquen un peso de la fortuna fantaseada. Otra posible razón es un intento de confraternizar con los poderosos que por supuesto los ignoran y desprecian (por qué harían una excepción si así tratan al resto de los mortales). A este tercer grupo es difícil de encontrarle algún nivel de racionalidad pero sí patentiza el enorme poder de manipulación que tienen los muy, muy ricos.
Esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias (nunca más precisa esta frase que ahora) y aprueben una medida tan justa como necesaria para el país, y que el poder judicial no obstruya su rápida ejecución.