* En colaboración con Juan Aiello (CEPA)

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el término compensar como: “Dar algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado”.  Por lo que, el bono de fin de año, que el Gobierno denomina “Compensación Extraordinaria No Remunerativa”, es un reconocimiento implícito (o explícito)  del daño que las políticas económicas implementadas le han causado al salario de los/as trabajadores/as.

La discusión sobre la necesidad de buscar algún tipo de paliativo ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios llega ante la amenaza de un paro general durante la semana en la que se va a desarrollar la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires. Con el objetivo de desarticular dicha protesta, que opacaría el momento cúlmine de la tan anunciada vuelta al mundo, el Gobierno sale de emergencia a imponer, por Decreto, el ya mencionado Bono Compensatorio Extraordinario No Remunerativo.

En la doctrina económica los salarios tienen al menos dos grandes concepciones: son un costo a reducir para mejorar la competitividad o son un factor de demanda. Quienes actualmente ocupan los cargos más importantes del Poder Ejecutivo Nacional tienen la convicción que los salarios son parte de un costo que hay que disminuir para generar mayor competitividad a los productos y servicios argentinos. Es por ello que sus políticas económicas de ajuste recaen en el poder adquisitivo del salario.

El salario de casi todos los sectores se ajusta anualmente mediante los acuerdos salariales por gremio. Sin embargo, el desmedido aumento de los precios en lo que va del año ha generado una rediscusión de estos acuerdos más allá del esfuerzo oficial por la eliminación de las cláusulas gatillo. Para entender cómo se llega a esta situación es necesario hacer un poco de memoria: a principios de año la inflación se estimaba en un 10+/-2%, luego se corrigió a 15.7% para todo el año; sin embargo a Septiembre acumula 32.5% y en los últimos 12 meses la suba es del 40.5%.[1]

En este contexto, los acuerdos no alcanzan a compensar el aumento de los precios de la canasta básica de una familia que se compone, entre otros rubros, por alimentos, vestimenta y servicios públicos. Además, resulta imprescindible  mencionar que el cálculo del poder adquisitivo presenta serias limitaciones habida cuenta de lo escasamente representativo del IPC (que actualmente utiliza el INDEC) como medida para deflactar los ingresos porque subestima el impacto de sensibles aumentos, como por ejemplo el de las tarifas de los servicios públicos.

El relevamiento de CEPA sobre la evolución de los ingresos de asalariados nos indica que cuando se compara la Remuneración Normal y Permanente[2], pierde en promedio casi 11% de poder adquisitivo al comparar el promedio 2018 en relación con el promedio 2015. Si lo que se toma en cuenta es el valor promedio 2018 en relación al promedio 2017, entonces la pérdida asciende a 7,3% y si se considera diciembre de 2018 con diciembre de 2017, la caída es de 17,7%. En todos los casos las pérdidas son significativas.

El análisis de los seis convenios seleccionados, que por su inserción en la estructura económica y tamaño (cantidad de afiliados) resultan paradigmáticos para estudiar la evolución del poder adquisitivo de los asalariados registrados, en el periodo reciente arroja importantes líneas de análisis sobre las características de las negociaciones colectivas y estrategias sindicales en tiempos recientes.

En primer lugar, se constata que los acuerdos paritarios de los 6 gremios analizados - Metalúrgicos, Comercio, Construcción, Gráficos, Administración Pública, Gastronómicos -, muestran una fuerte pérdida de poder adquisitivo estimada entre 13% y 17% si se considera el promedio de paritarias 2018/2019 en relación a promedio de paritarias 2015/2016; y de 21% y 29% si se considera el valor del último mes del ciclo paritario 2018/2019 en relación al promedio de paritarias 2015/2016. Respecto de 2017, la caída va de 8% a 14% si se considera el promedio de paritarias 2018/2019 en relación al promedio 2017/2018; y de entre 10% a 21% si se considera el valor del último mes de ciclo paritario 2018/2019 en relación al último mes del ciclo paritario 2017/2018.

El Bono, tan discutido en los últimos días, debería ser de $51 mil para los estatales, $48 mil para los Gastronómicos, $37 mil para los Metalúrgicos, $32 mil para Comercio, $31 mil para los Gráficos y $26 mil para la Construcción. Es decir, en promedio debería compensarse una pérdida de $33 mil para los trabajadores registrados, muy por debajo de los $5 mil ofrecidos por el Gobierno que representa apenas el 15%.

Otra mirada sobre la estimación del valor en dólares de la Remuneración Normal y Permanente y de los salarios de los gremios seleccionados muestra una fuerte caída, del orden del 45%, si se toma en cuenta el valor en septiembre de 2018 en relación con el promedio de 2015. Se percibe que estos valores resultan similares para el conjunto de los gremios seleccionados, que promedian 44% de caída.

La fuerte pérdida de poder adquisitivo en 2018/2019, ya sea tanto en relación a 2015/2016 como a 2017/2018 genera tensiones y los gremios presionan por reaperturas de paritarias aunque los acuerdos realizados recientemente no logran recuperar parte de lo perdido. Esto genera nuevas expectativas respecto de la posibilidad de rediscutir cláusulas de actualización en los próximos meses (mayoritariamente en diciembre).

Párrafo aparte merece la situación de las mujeres, que sufren mayores tasas de desempleo (2 puntos por encima de los varones) y tienen más dificultades para acceder a un trabajo formal remunerado porque le dedican 3 horas más al trabajo reproductivo que los varones; y cuando consiguen un empleo registrado la brecha salarial en relación a los varones es de un 27%.

Es importante el desafío de los gremios, ante la disyuntiva de hasta qué punto presionar por aumentos salariales frente a un escenario de eventuales despidos y suspensiones como consecuencia del retroceso económico. Esto es usado por el Gobierno como mecanismo disciplinador de los reclamos del mundo laboral y sólo podrá ser superado a través de  la organización del movimiento de los/as trabajadores/as en defensa de sus derechos.

[1] Datos del INDEC.

[2] Para dicho cálculo se consideran la evolución de la inflación publicada por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (IPC CABA), la inflación del IPC INDEC y las estimaciones del REM-BCRA.