Se está tramitando en el Congreso de la Nación un aporte extraordinario a las grandes fortunas. Es realmente indignante la oposición de Cambiemos a este mínimo paso de ayuda de los más ricos en circunstancias absolutamente excepcionales como así también la total falta de solidaridad de los sectores privilegiados ya que no hay noticias de que ni siquiera uno de los que serían alcanzados por este aporte haya manifestado su disposición a realizarlo exista o no la obligatoriedad para hacerlo. Por otra parte surge un problema adicional, el cual es preguntarse sobre qué valores se aplicará la imposición ya que es claro que los muy ricos declaran solo una parte de su patrimonio.   

Existen muchos indicadores que reflejan la desigualdad de los ingresos y de la riqueza en la Argentina y el mundo. Sin embargo hay un amplio consenso de que la situación es aún peor de lo que muestran las estadísticas. Eso se debe a que si bien vivimos en lo que se suele denominar la sociedad de la información y que existen procedimientos informáticos sofisticados que permiten tratar enormes cantidades de datos (big data) hay mucha opacidad en la información oficial referida a los ingresos monetarios de las personas y todavía más acerca de la riqueza que poseen. Por lo tanto es evidente que ese escamoteo de datos no responde a problemas técnicos sino a la fuerza política de los que detentan el poder económico.

En el caso de los bienes inmuebles, en Francia después de la revolución, el Estado tomó a su cargo el registro de los mismos y la identificación de los propietarios, funciones antes reservadas a la nobleza y el clero. Prácticamente todos los Estados siguieron el ejemplo. Pero a través de la propiedad adjudicada a empresas que se compran y venden los inmuebles y configuran una intricada red es difícil establecer las personas físicas que son las propietarias en última instancia. En general el valor adjudicado a inmuebles por las valuaciones fiscales es muy inferior al valor de mercado, cuando no se ocultan directamente. No olvidemos que un ministro del gobierno macrista tenía una mansión calificada de baldío y es conocido que un porcentaje no desdeñable de los inmuebles situados en barrios cerrados o clubes de campo no están declarados. Esta situación que por diversos caminos reduce el valor de los inmuebles en manos de los ricos no es privativa de la Argentina sino que está extendida a muchos países del mundo.

En el caso de los activos financieros el tema es aún  más oscuro ya que su registro en gran medida está en manos de intermediarios financieros privados.

Un caso paradigmático es el de Vicentin que a través de una maraña de sociedades situadas en distintos países, que se compran y venden entre ellos productos y acciones hace casi imposible determinar los bienes que podrían hacer frente a las cuantiosas deudas que contrajeron y menos aún cuantificar la fortuna de sus dueños.

La opacidad se multiplica por la proliferación de las guaridas fiscales (llamadas paraísos fiscales) que son pasivamente admitidas por los Estados (y gran parte de la sociedad) generándose un verdadero dumping fiscal. En diversas oportunidades el G8 y el G20 declararon su intención de eliminar o por lo menos regular el accionar de los paraísos fiscales lo que permitiría transparentar más exactamente la concentración de la riqueza en pocas, o poquísimas manos, pero poco se hizo en ese sentido.   

En los países en los que se mantiene el impuesto a las herencias se pueden contar con datos parciales sobre la riqueza de muertos (no de los vivos), pero en otros países como el nuestro, en que ese impuesto se derogó, no existe ni siquiera ese dato para una estimación parcial de la riqueza de los propietarios de las grandes fortunas. Este ocultamiento y falsedad de los datos de ingresos y patrimonio no solo horadan el conocimiento cabal de la desigualdad sino que afectan los ingresos fiscales con el consiguiente perjuicio para el país.

Pero lo cierto es que la opacidad acerca de lo que percibe cada individuo y sobre la riqueza que posee está difundido en la sociedad. Afortunadamente la sociedad es más sincera y abierta en muchos aspectos que hace años se consideraban tabú. Los hombres y las mujeres suelen hablar abiertamente acerca de religión, política, su sexualidad con mucho detalle y no solo en un ámbito cerrado sino en muchos casos difundidos en redes sociales. Pero vaya uno a preguntar el monto de sus rentas o el importe de su patrimonio, eso se consideraría una impertinencia que se entromete en una extrema privacidad, tanto que ni siquiera se pregunta. Hay quienes hacen ostentación de riqueza pero nunca estarían dispuestos a difundir su valor monetario.

No solo es en el ámbito privado donde prima esa oscuridad. Uno estaría tentado a pensar que el censo nacional sería una fuente donde obtener alguna información sobre la distribución de la riqueza y las rentas, y el cruce de las distintas variables del censo por niveles de ingresos y patrimonio. Pero nada de eso existe y no porque no se pregunten aspectos que podrían causar resquemor a algunas personas. Así se inquiere si tiene dificultades para caminar, hablar, entender, bañarse o comer; identidad de género especificando si se trata de mujer, varón, trans, travesti u otro; religión; etnia e inclusive que señale cómo desecha sus excrementos especificando si lo hace con botón, cadena, balde o directamente en un pozo. Sin embargo no hay ni una pregunta sobre las rentas y el patrimonio, porque de eso no se habla.

Así entonces, uno puede saber que en 2010 (último censo nacional) en Santiago del Estero había 75.377 hogares que utilizaban balde para eliminar las heces de sus integrantes (el 38 %), en Salta eran 64.962 (el 24 %) y en CABA  21.787 (el 2 %), pero nada sobre la concentración de la riqueza.

Por supuesto el conocer con más exactitud el alcance de la desigualdad de ingresos y riqueza no solucionaría el problema pero, pero además de ser un elemento necesario para mejorar la recaudación fiscal, sería  una aporte significativo para dimensionar más exactamente la injusticia social en que vivimos.