* En colaboración con Juan Aiello

 

La Alianza Cambiemos ha fracaso en materia económica. Basta con recordar que en dos de los tres años que pasaron desde su asunción cayó el PBI y este ejercicio no será la excepción, hasta lo dicen  los pronósticos de su mayor aliado político, el FMI.  Por lo tanto, cuando termine su mandato el actual el presidente habrá reducido el producto nacional, que es todo lo que producimos en el país,  en tres de sus cuatro años al frente del gobierno. A esto hay que adicionarle que no ha controlado la inflación (supuestamente lo más fácil) ni el dólar, variables cuyo correlato se observa en el aumento de los índices de pobreza y desempleo y el cierre masivo de pymes y comercios; todo a pesar del fuerte endeudamiento y el acuerdo con el Fondo.

Vamos a detenernos en el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, que fue lo que generó mayor malestar en la sociedad. En nuestro país, la inflación es un fenómeno recurrente que  ha despertado intensos debates: los más ortodoxos indican que se produce exclusivamente por fenómenos monetarios. Por el contrario, la heterodoxia cuestiona que las variables monetarias sean la única explicación y sostiene que también inciden otras cuestiones de la economía real como los desequilibrios en la oferta o demanda y las pujas por la distribución de la renta.

El último indicador de marzo de este año alcanzó un 4,7% de variación en relación a febrero y totaliza un 11,8% en el primer trimestre, un número muy alto si se tiene en cuenta que en los tres primeros meses de 2017 y 2018 había alcanzado un 6%, es decir, casi la mitad. Además, es el segundo mes que el aumento interanual da por encima del 50%, llegando al 54,8%.

Lo más preocupante es que las peores cifras se dan en los rubros más sensibles. Alimentos y bebidas, en los últimos 12 meses, alcanzó aumentos del 64%, 10 puntos por encima del índice general; por su parte los gastos en transporte treparon al 67,5%, ubicándose por encima de los 12 puntos en relación al nivel general de aumentos. Los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (tarifas) y salud también están por arriba del indicador general. Esto genera que los aumentos afecten, principalmente, a los trabajadores que destinan la totalidad de sus ingresos al consumo de alimentos y a trasladarse, así como al pago de tarifas. Para estos sectores la inflación es aún más alta porque sus consumos están relaciones con rubros que aumentaron por arriba del nivel general.

La respuesta oficial a esta situación fue el lanzamiento de  un paquete de medidas denominadas económicas y sociales que incluyen acuerdos de precios, beneficios para los jubilados y pensionados, así como para el resto de los beneficiarios de planes del ANSES (AUH, PUAM, Pensiones no contributivas y quienes cobran un sueldo en relación de dependencia y perciben asignaciones familiares), un supuesto congelamiento de tarifas y algunas acciones aisladas para pymes.

¿Se encuentran estas medidas a la altura de las difíciles circunstancias que estamos atravesando? ¿Tendrán repercusión frente a la grave crisis económica?

En relación al acuerdo de precios, el equipo económico decidió relanzar el Programa Precios Cuidados, denostado por las voces oficiales y caracterizado como parte de la “pesada herencia”, con una novedad: el congelamiento de sólo 64 precios denominados esenciales dentro de los más de 600 productos de la canasta ofrecida en la actualidad en el mencionado programa. Más allá de los anuncios debe remarcarse que el propósito del programa ha sido totalmente desnaturalizado, ya que tenía por objeto el establecimiento de precios de referencia y la regulación de las cadenas de valor para evitar abusos.Nada de esto está presente en la actual aplicación del programa. Por sólo citar un ejemplo, la leche estaba en el programa a $25 el sachet, con los precios esenciales cambian la leche por una de $35, ambas de la principal productora del país.

Habiendo sido vaciada la Secretaría de Comercio (despidiendo a más de 500 técnicos e inspectores) ¿Cómo hará el gobierno para controlar la ejecución del programa? A más de una semana de su anuncio todavía es difícil encontrar los productos y las empresas ya anunciaron que sólo mantendrán los precios del “acuerdo de caballeros” si las variables económicas se mantienen estables. 

Otra de las medidas incluidas en el “paquete” tienen que ver con créditos y facilidades para los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH y otros beneficiarios de la ANSES. En primer lugar vale recordar que estos créditos son financiados por el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad). El anuncio incluyó aumentos en los montos para un sector que ya está sobreendeudado y que en todo caso volverá a tomar préstamos para cubrir gastos ordinarios como el pago de alquileres,  tarifas o simplemente lo utilizarán para la compra de alimentos y medicamentos.. Así, por ejemplo, el 49% de los jubilados cobran la mínima  ($10.400),  si tomasen un crédito destinarían $3.000 al pago de la cuota , quedándoles tan solo $7.000 pesos para vivir o sobrevivir. Más grave es la situación para los beneficiarios de la AUH y otros planes incluidos. Según informó el Jefe de Gabinete ya se endeudaron 9,6 millones de beneficiarios.

Asimismo, se anunciaron una red descuentos de entre 10 y 25% para los beneficiarios ANSES y descuentos en farmacias de entre un 20 y 70% para los beneficiarios de los programas sociales. Estos dos últimos puntos son los más novedosos pero los de menor repercusión.

En cuanto a las tarifas, se anunciaron suspensiones. Estas medidas forman parte del “CongelaMiento”, no son lo que parece. La energía eléctrica ya aumentó 40% entre febrero y marzo y sólo se suspende los dos aumentos previstos para mayo y agosto que sumaban un 8% extra y, además, sólo para la parte del costo mayorista (el costo de la energía se compone del costo mayorista más el transporte y la distribución). En gas no se congelan los aumentos, se difieren en tres meses (10% abril, 9% en mayo y 8% en junio). En definitiva, a pesar del anuncio las familias van a seguir recibiendo aumentos en los próximos meses. Y el “descuento” del 22%  anunciado es un diferimiento ya que lo pagarán en el verano. Respecto a la tarifa del  agua, el aumento previsto para mayo del 27% sigue vigente.

En materia de transporte no había previstos nuevos aumentos a los efectuados durante el primer trimestre y la telefonía celular congela sólo las líneas prepagas, luego de importantes aumentos. No hay anuncios para la medicina prepaga que también incrementa el precio de sus planes periódicamente.

Para las PyMES no hay anuncios en materia de tarifas pese a ser una de las principales preocupaciones del sector. Solo hubo planes de facilidades de pago de deudas con la AFIP y un acortamiento de los plazos de cobro en los comercios que operen con tarjetas de crédito. Si tenemos en cuenta que sólo en el último año se cerraron más de 10.000 empresas con menos de 100 empleados según datos de SIPA-AFIP podemos asegurar que con estas pobres medidas no se soluciona el complejo panorama de las que aún sobreviven. Las PyMES necesitan  mercado interno para vender, estas medidas solo estiran la agonía.

Por último, se anunciaron créditos para la conexión de gas por red, un nuevo llamado a ProCrear (créditos para una sociedad que no su gran mayoría no llega a fin de mes) y una nueva ley de Lealtad Comercial.  Para los deudores con créditos UVA sólo se mencionó que se están estudiando medidas.

La liberalización de mercado de cambios y el alto endeudamiento de los últimos tres años terminaron en esta crisis económica que se desató cuando se cerró el mercado de crédito para la Argentina y el gobierno decidió acudir al FMI para transmitir tranquilidad y poder volver a los mercados. Pero los resultados son contundentes en cuanto al fracaso de dicho acuerdo. La corrida del 2018 y la de estos días dan cuenta de la falta de confianza de los inversores en la economía de nuestro país, el dólar pasó de $20 a más de $40 y se deterioraron todas las variables de la economía real.

Hoy estamos peor que hace un año y, además, limitados para la aplicación de políticas económicas debido a las condicionalidades del acuerdo con el Fondo. Nunca en la historia argentina un acuerdo con el FMI, y sus políticas de ajuste, tuvieron resultados exitosos y esta parece que esta no será la excepción.