Estamos frente a un gobierno que, en pocos días, ha dado muestras de querer montarse en una especie de ‘CEObonapartismo’ para llevar adelante políticas por encima de los otros poderes del Estado y, sobre todo, de la voluntad popular. El decreto parece ser su instrumento dilecto.

En un mismo acto, Mauricio Macri sorteó al Congreso para intentar meter por la ventana dos ministros en la Corte Suprema. Lo mismo hace con organismos autárquicos como la AFSCA y en idéntica línea puede actuar con otros, también autónomos, como el INTA y la UBA, si sus autoridades no llegaren a actuar en consonancia con sus deseos.

Se trata de medidas discrecionales que buscan neutralizar tanto a la oposición política como a las organizaciones populares (sindicatos, derechos humanos) para encarar de lleno lo que aparece en la superficie de las decisiones tomadas en los primeros días de gobierno: el ajuste permanente.

Y como todo ajuste llega hasta donde la resistencia popular lo permita, la represión es condición ‘sine quanon’ para llevar adelante con éxito políticas que tiendan a hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores la caída de la tasa de ganancia a partir del derrumbe de los precios de los ‘commodities’, principal fuente de dólares de nuestro país.

Y los dólares son esenciales para el curso general del gobierno macrista; no sólo para que la clase media pueda adquirirlos de a puñados en las ventanillas de los bancos –clase en la que busca su base social–, sino fundamentalmente para que las grandes empresas multinacionales y bancos puedan girarlos a sus casas matrices y el gobierno pueda hacer frente a vencimientos de deuda y, eventualmente, al pago liso y llano a los fondos buitre.

Fue un hecho y una amenaza al mismo tiempo: tras la represión a los trabajadores de Cresta Roja, la vicepresidenta Gabriela Michetti y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich coincidieron en advertir que, de ahí en más, el Estado hará uso de la fuerza para impedir cualquier piquete y/o protesta, bajo cualquier circunstancia.

Así se busca neutralizar, como se dijo, cualquier tipo de resistencia al ajuste en curso, que viene desde la fuerte suba de precios en productos de consumo masivo al anunciado tarifazo que se prepara a partir de enero. Macri, como se ve, no pierde el tiempo.

De este lado, de nuestro lado, tampoco debe perderse el tiempo: es tarea de las organizaciones populares, tanto gremiales como políticas, darse como objetivo estratégico impedir que los ajustadores avancen sobre los derechos y las conquistas del conjunto de la población trabajadora y nutrirse de una táctica para llevarlo a cabo.