La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada este lunes en la Cámara de Diputados y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Tanto en el Senado, el martes 16, como en Diputados este lunes, la ley se aprobó solo con los votos del Frente Amplio (16 en el Senado y 50 en la Cámara de Representantes). Blancos, colorados e independientes rechazaron el proyecto.

La ley consta de 186 artículos y regula la propiedad de emisoras de radio y TV, dejando afuera Internet y redes sociales. Además, establece lineamientos para la protección de menores de edad y la emisión de imágenes violentas en horario central, y fija un porcentaje de producción nacional a emitir en los medios audiovisuales, cercano al 60%.

La ley, que fue elogiada entre otros por el ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión Frank La Rue, entiende "por servicio de comunicación audiovisual a un servicio que proporciona una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión" y busca la "promoción del pluralismo y la diversidad", junto a la "no discriminación".

Con la norma el Estado uruguayo apunta que debe "garantizar el acceso universal, así como el uso de los servicios de radiodifusión abierta y gratuita de radio y televisión como parte de una estrategia integral para lograr el objetivo de asegurar la inclusión social de toda la población y el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República".

Según el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay, opositor), casi todos los canales de televisión, por ejemplo, ya están en ese nivel de producción nacional en su grilla. El hombre fue el vocero casi de una oposición que como aquí, insiste en que la ley del gobierno limitará al libertad de expresión de los medios de comunicación y habilita a la administración de turno a sancionar a canales y radios que violen la ley, llegando incluso a cerrar un medio.

Los legisladores del oficialismo rechazaron de plano dicho escenario, dijeron que esa no es la intención de la ley y que se propone regular los medios para no caer en prácticas de clientelismo político como en el pasado.