El Gobierno del estado mexicano de Michoacán, del izquierdista Silvano Aureoles (Partido de la Revolución Democrática- PRD), se vio obligado a emitir un comunicado tras el escándalo por un proyecto de reforma del código penal sobre el aborto. 

En el documento se establecía que la mujer que abortara- sin acogerse a ninguno de los supuestos contemplados por la ley- podía enfrentarse a cinco años de cárcel que tenían la posibilidad de ser atenuados en caso de que no tenga "mala fama", si había "logrado ocultar su embarazo" y si este era "fruto de una unión ilegítima".

Inmediatamente diversas organizaciones y ciudadanos alzaron sus voces ante la posición sexista sobre la decisión de las mujeres de terminar un embarazo. 

La diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nalleli Pedraza se disculpó e indicó: "[El proyecto] no fue debidamente revisada, no sé por qué salió adelante". Pedraza lleva ahora en el Congreso una iniciativa para la interrupción libre del embarazo hasta la semana 12, algo que solo está permitido en la capital del país desde hace 10 años. 

En comparación con el resto del país, Michoacán está avanzado, excepto porque el aborto debería ser libre", apunta la abogada Rebeca Muñoz, del organismo de defensa de los derechos reproductivos GIRE. 

Fuente: El País.