Aunque está tras las rejas, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva sigue encabezando las preferencias electorales con vistas a los próximos comicios presidenciales en Brasil, y ahora, un cambio en la justicia, podría beneficiarlo tras ser obligado a ingresar a prisión.  

Es que varios jueces miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consideran que negar a los acusados el derecho constitucional de agotar todas las instancias del proceso de apelaciones, antes de ser detenidos, afecta a la democracia y la imparcialidad.

El juez del Tribunal Superior Marco Aurelio Mello decidirá esta semana si eleva al pleno del TSJ una moción contra el fallo de 2016 que sentó jurisprudencia y  fue el que se aplicó en el caso de Lula, cuyo segundo habeas corpus fue rechazado, impidiéndole un recurso legal.  

Revertir la decisión implicaría no sólo la libertad de Lula sino también de muchos otros políticos y empresarios condenados por corrupción. Incluso, el propio presidente Michel Temer- que está siendo investigado- también se beneficiaría del cambio si finalmente es hallado culpable.

Antes del dictamen del 2016, los criminales de guante blanco con suficiente fortuna para pagar abogados podían presentar un sinfín de apelaciones y mantenerse en libertad hasta que sus casos agotaban el extenso y complejo sistema legal brasileño.