La enorme trama de corrupción que alcanzó las altas esferas del poder en Brasil, también llegó hasta el actual presidente  Michel Temer.

El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ubicó a Temer en el centro de una red de sobornos para su fuerza política, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuando era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Aunque por el momento, Temer se encuentra protegido por la inmunidad que le confiere la Constitución. El presidente desmintió las acusaciones y aseguró: "No tengo miedo de los hechos, lo que me produce repulsa es la mentira". 

Temer “capitaneaba un núcleo político organizado”, planteó el fiscal  junto a dos personas de su círculo de mayor confianza, los actuales ministros de la Casa Civil –una especie de primer ministro-, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.

Padilha era el encargado de “centralizar las recaudaciones financieras” procedentes de Odebrecht. Janot aseguró que al menos están detallados dos pasos ilegales que tuvieron lugar en 2014. Otro exejecutivo de Odebrecht relata un encuentro en 2010, en el despacho de Temer en São Paulo, cuando el dirigente del PMDB era por primera vez candidato a vicepresidente con Rousseff. El delator aseguró que se pactó una comisión de 40 millones de dólares para el PMDB, equivalente al 5% de un contrato de la compañía con la petrolera pública Petrobras. 

En diversos vídeos divulgados por el Supremo Tribunal Federal (STF) se pueden escuchar los testimonios de los 78 antiguos ejecutivos de la megaconstructora Odebrecht que accedieron a colaborar con la justicia y que dieron cuenta de sobornos no solo al interior de ese país sino también en toda América latina. 

Además, las revelaciones también implican a  Luiz Inácio Lula da Silva que busca ser nuevamente candidato a presidente para el 2018. Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora- que se encuentra en prisión desde hace más de un año- aseguró que su excompañía llegó a reservar un fondo de 40 millones de reales (unos 12 millones de euros) para atender las peticiones de Lula y  el Partido de los Trabajadores (PT).