Esta semana se cumplen 45 años de la legalización del aborto en Estados Unidos, y como había prometido, el presidente Donald Trump eligió estos días para instaurar una nueva herramienta que fortalece las creencias religiosas por sobre los derechos humanos.

El Gobierno creó la oficina de Conciencia y Libertad Religiosa, dentro del Departamento de Sanidad, para proteger la "objeción de conciencia" por parte de los profesionales médicos para dar ciertos servicios, como los abortos y tratamientos a pacientes transgénero, excusándose bajo la moral religiosa que cada uno de ellos profese.

La nueva sección, dibujada como un derecho para los trabajadores de la salud, estará encargada de investigar las quejas de los médicos acerca de violaciones a sus derechos religiosos: "La división se ha establecido para restaurar la implementación de las leyes federales que protegen el derecho fundamental e inalienable de libertad de conciencia y religión", se anunció desde Sanidad.

Fue el 22 de enero de 1973, cuando por mayoría el Tribunal Supremo definió un marco limitado dentro del cual, en virtud de su derecho a la privacidad, una mujer puede interrumpir legalmente su embarazo.

En un movimiento táctico crucial, Trump designó en el máximo tribunal a un juez conservador, Neil Gorsuch, para el noveno puesto vacante, generando así una nueva relación de fuerzas: cuatro jueces progresistas frente a cinco conservadores. El cambio ya se notó en las decisiones en materia de inmigración e incluso anuló la norma que le daba libertad de elección a los estudiantes para elegir el baño adecuado según su identidad sexual.

Trump llegó a declarar en marzo de 2017 que las mujeres que abortan deberían "afrontar algún tipo de castigo legal", aunque en su campaña se había pronunciado como "muy pro-elección". 

Patty Murray, líder de los demócratas en la comisión de salud del Senado acusó al gobierno de usar la Oficina de Derechos Humanos como una "herramienta" para "restringir el acceso al servicio de salud para personas que son transgénero y mujeres".

La principal organización de derechos civiles del país, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también rechazó el anuncio y destacó que "la libertad religiosa no es una licencia para discriminar".

Trump es el primer presidente de la historia estadounidense en sumarse a la "Marcha por la Vida", un evento antiabortista que tiene el apoyo de organizaciones religiosas de todo el país.