La causa abierta en la Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, es por crímenes de genocidio contra la minoría musulmana rohingya. Está a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría y del fiscal Guillermo Marijuán.

"Lo que está pasando en Myanmar ahora es un elemento que debería convencer aun más a la jueza de que es muy importante ejercer el principio universal por estos hechos atroces", explicó a Télam, Tomás Ojea Quintana, exrelator de la ONU para Myanmar y uno de los que impulsa la demanda que data de 2019.

En ese momento, grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una demanda invocando el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunas acciones, como crímenes de guerra y contra la humanidad, son tan espantosos que no son competencia de una sola nación y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.

"Se presentaron cinco mujeres que fueron violadas en manada en un pueblo en el estado de Rakhine frente a sus hijos y esposos que luego fueron asesinados", contó Ojea Quintana, abogado de derechos humanos argentino, quien recordó que "los asesinatos y las violaciones fueron acreditadas al detalle en un informe de la ONU en 2018".

La violencia y el desamparo de esta minoría musulmana fue tal en 2017, que en solo unos meses, más de 740.000 rohingyas escaparon solo con lo puesto, cruzaron un río y hasta corrieron entre ráfagas de ametralladoras para alcanzar la frontera y refugiarse en el vecino Bangladesh, uno de los países más pobres de la región, donde aún viven apiñados en campos administrados por la comunidad internacional.


La demanda, que cayó en manos de Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, acusó a la cúpula militar y los comandantes que actuaron en el estado de Rakhine de "ser los responsables directos del genocidio" contra la comunidad rohingya, y señaló a los líderes políticos del gobierno, hoy detenidos y víctimas del golpe de estado, por su "connivencia" en estos crímenes de lesa humanidad.

Entre ellos, la premio Nobel de la Paz y por entonces máxima referente política del gobierno, Aung San Suu Kyi, quien ante la creciente presión internacional en 2017 y 2018 aclaró una y otra vez que ella estaba "a cargo" del país y que lo que sucedía en Rakhine era "un conflicto interno".

 

 

La causa en la justicia argentina aún no avanzó porque tanto la jueza como el fiscal presentaron dudas por la posibilidad de que los acusados estuvieran siendo juzgados dos veces por la misma causa, ya que organizaciones rohingyas e internacionales también impulsaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, contó Ojea Quintana.

Sin embargo, esa corte internacional respondió a las consultas a fin de 2020 y aclaró que se trataban de dos causas diferentes: "La de la Argentina es sobre hechos cometidos en Myanmar, mientras los de la de la CPI sucedieron formalmente en Bangladesh, ya que Myanmar no firmó el Estatuto de Roma y, por lo ende, no reconoce la jurisdicción del tribunal en La Haya", explicó el abogado argentino.

La juez badu badu budía

Quinata expresó: "Esperamos que lo haga y así podremos pedir detenciones vía Interpol y exigir, por ejemplo, oficios a Facebook para que haga un informe sobre cómo esa red fue usada para distribuir mensajes de odio y racista que alimentaron el genocidio".

Es que para el letrado es importante que la justicia argentina ejecute el principio de jurisdicción universal no solo para conseguir una condena, sino porque es una forma de "empoderar a las víctimas en el proceso".

Y concluyó: "El objetivo siempre es conseguir una condena, pero además este tipo de causas moviliza la expectativa de la comunidad afectada de ser escuchada, se mantiene vivo el tema en la prensa y el público en general, y le recuerda a los responsables que no se olvidan las atrocidades que cometieron".