La fundación política que responde al expresidente emitió un comunicado repudiando la "vergüenza pública" que le hicieron pasar y ratificando su honestidad como funcionario.

Allí aserguran que los allanamientos realizados en la vivienda del exmandatario son "un asalto al Estado de derecho que afecta a toda la sociedad brasilera".

Además, catalogaron este operativo de "arbitrario e ilegal" y afirmaron: "Lula nunca ocultó su patrimonio ni recibió beneficios indebidos antes, durante o después de gobernar el país. Nunca estuvo involucrado directa o indirectamente en ninguna ilegalidad".

Con relación a una de las causas que se le quieren imputar, expresaron: "No hay ninguna razón para que el expresidente Lula declare sobre un apartamento en Guarujá que nunca ha sido de él, así como un lugar de sus amigos en Atibaia, donde pasa sus días de descanso".