A partir de sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes junto con 6 voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se dio inicio a la discusión en el Capitolio bajo el cuestionado método de fast track. 

De esta manera se espera que hacia finales de diciembre,con sesiones extras, el Congreso apruebe la norma que le da seguridad jurídica a las FARC además de avanzar en el desarme y la desmovilización de la guerrilla y así dar curso a la etapa de implementación del proceso de paz acordado. 

El senador Armando Benedetti, de la U,  aseguró que el objeto principal del proyecto es “regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, sobre todo para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Y subrayó que el texto aclara que “la amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva cuando el destinatario haya efectuado la dejación de armas, de conformidad con el cronograma y la correspondiente certificación acordados para tal efecto”. La amnistía- que fue objeto de duras tensiones y luchas y que se vio reflejado en el No durante el referendo en octubre- no incluye  "delitos que hayan violado los derechos humanos, como lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma". Los cálculos oficiales señalan que al lo menos unos 6.000 guerrilleros obtendrían los beneficios de evitar ser juzgados. 

Fuente: Nodal