Dos meses pasaron ya de la desaparición forzada de 43 estudiantes en México, hecho que aún no se ha esclarecido y por lo tanto está pendiente de justicia. Mientras el caso da la vuelta al Mundo y la comunidad internacional se conmueve, el presidente y la justicia mexicanas hacen la vista gorda.

La violencia que deja a su paso la ola de narcotráfico en México recrudeció de tal manera en los últimos diez años que los traficantes no tienen piedad ante quienes se cruzan en su camino y asesinan, torturan y hasta cuelgan gente en puentes o exhiben cabezas como trofeos. Esta guerra contra el negocio narco que mueve miles de millones de dólares y compra a jueces y alcaldes, el Estado la viene perdiendo por nocaut, y en medio de ella se vieron involucrados los jóvenes desaparecidos.

México no es un país productor de cocaína sino el distribuidor, es decir, recibe la droga desde Perú, Bolivia y principalmente Colombia, y la vende a Estados Unidos, el principal consumidor, y a países caribeños, desde donde a su vez parte vía marítima hacia Europa. Es, en México, donde se mueve la mayor parte del dinero, y por ello es más redituable dedicarse al crimen organizado del tráfico de droga que tener un empleo ordinario. En este contexto sucedió el caso de Ayotzinapa, donde se vio involucrado el alcalde del Estado de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, acusados de darle la orden a la policía de reprimir y entregarlos a los narcos, que luego los habrían ejecutado. ¿El motivo? Los estudiantes buscaban recaudar fondos para un partido político contrario a Abarca, vinculado a lavado de dinero y negociados con narcotraficantes.

Este no es el primer ni el último caso de asesinatos del crimen organizado mexicano, que ya dejó más de 60 mil muertos, 25 mil desaparecidos y cientos de fosas clandestinas en la última década. El Estado no tomó las medidas correspondientes, la policía se encuentra involucrada en centenares de casos de narcotráfico, los periodistas que intentan investigar son asesinados, y la justicia es ineficaz y también corrupta. El caos que desató la desaparición de los estudiantes saca a flote todas estas cuestiones, mientras que el presidente Peña Nieto se victimiza y se preocupa más por su imagen que por obtener justicia para los familiares de los desaparecidos.

Los oscuros hechos salpican también a docenas de policías y otras fuerzas políticas, como el partido de izquierda al cual pertenece el alcalde Abarca, el PRD, al cual además su fundador tuvo que renunciar ante la crisis que se desató por los nexos de sus candidatos con la derecha y los negociados vinculados al narcotráfico tras los sucesos en Ayotzinapa.

Mientras las protestas continúan en todo México por reclamo de justicia, el caso Ayotzinapa promete marcar un antes y un después en la historia de un país que está sumergido en una crisis con el narcotráfico sin solución y que se ve agravada por la convulsión social que generó la masacre. La lucha contra el crimen organizado tiene que llevarse a cabo con seriedad, y eso implica también la necesidad urgente de hacer una profunda limpieza en varios estratos del Estado para acabar con la corrupción que rodea al tráfico de droga. Y Peña Nieto no parece el indicado para llevar a cabo ese cambio que reclama un pueblo que dice basta.