Sarkozy se encuentra detenido desde las 8 (3, hora en Argentina) en la sede de la Oficina Central de Lucha Contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF, por sus siglas en francés) en Nanterre, en el sureste de París.

El exmandatario, de 59 años, permanecerá en esa situación al menos 48 horas, aunque los jueces podrían solicitar extender la detención por otras 24 horas, con el objetivo de dar con "una red de informantes" en el seno de la policía y la Justicia, susceptible de anoticiar al expresidente sobre los procesos judiciales que pueden amenazarlo.

El lunes, la justicia gala había comenzado a cerrar el cerco en torno a Sarkozy con la detención de su abogado y de dos importantes magistrados acusados de haber advertido a Sarkozy de que la Justicia había intervenido su teléfono móvil, quienes continuaban siendo interrogados por los mismos cargos que el expresidente.

Las escuchas al ex jefe de Estado fueron ordenadas en septiembre de 2013, en el marco de otra investigación preliminar en torno a las acusaciones de financiamiento de su campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio Muammar Kaddafi.

La investigación busca ahora dar con "una red de informantes" y las sospechas se incrementaron a fines de 2013, cuando los investigadores constataron un tono lacónico al teléfono y descubrieron que Sarkozy poseía otro teléfono celular con un nombre falso, adquirido por su abogado para mantener la confidencialidad en sus conversaciones.

La detención de Sarkozy tiene lugar en momentos donde su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), se encuentra amenazado por divisiones, derrotas electorales y deudas que pueden llevarla al quiebre y la colocan en peligro de eclosión.

Pero además de la investigación sobre el posible tráfico de influencia y el posible financiamiento de su campana electoral con dinero libio, la Justicia gala mantiene abierta varias investigaciones donde figura el nombre del exmandatario.

La semana pasada, la Fiscalía de París abrió una investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2012, apuntando a la costosa organización de sus actos, financiados por su partido para poder pasar el limite de gastos permitido.

Además, en el caso sobre el arbitraje que benefició al controvertido empresario Bernard Tapie en detrimento del Estado, la Justicia también investiga los contratos que el gobierno de Sarkozy realizó con institutos de encuestas durante su mandato (2007-2012).