El abogado de la oficina del fiscal General de California, Matthew McLaughlin, presentó un proyecto de ley que busca autorizar la pena de muerte a personas homosexuales, según informó BBC Mundo.

El proyecto titulado "Acta de Supresión de la Sodomía" plantea que los homosexuales "sean ejecutados con una bala en la cabeza o por otro método más conveniente".

En el proyecto de ley de Supresión de los Sodomitas, McLaughlin cataloga las relaciones entre personas del mismo sexo de "maldad monstruosa" e indicó que sería más adecuado que los gays mueran antes de que los californianos fallezcan por la "ira de Dios" por soportar la homosexualidad.

Se necesitarían unas 360 mil firmas en 180 días para respaldar el escrito del abogado californiano, en el sostiene que "el pueblo de California pide sabiamente, en el temor de Dios, que cualquier persona que voluntariamente toque a otra persona del mismo sexo para obtener satisfacción sexual debe morir de un tiro en la cabeza o por cualquier otro método conveniente".

"El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es un mal monstruoso que Dios todopoderoso, dador de libertad, nos ordena reprimir so pena de nuestra destrucción total, así como destruyó Sodoma y Gomorra", es la argumentación religiosa de la ley.

Países que castigan la homosexualidad:

El activista de origen mejicano, Fernando Ortega, calificó de absurda la propuesta de asesinar legalmente en California a personas homosexuales. Y explicó que, si bien resulta difícil que la misma se apruebe, no deja de ser ofensiva.

"Así como hubo alguien que la presentara y registrara oficialmente para llevarla a los electores, lo peor de la sociedad en California va a ver en esa iniciativa la oportunidad de que se cumplan sus sueños de intolerancia", afirmó Ortega.

Por su parte la fiscal general de California, Kamala Harris informó que le solicitará a la Corte Suprema del estado californiano emitir una orden para detener el proyecto de ley.

La iniciativa que "amenaza la seguridad" pública tendría que ser votada por los californianos en las elecciones legislativas de noviembre en 2016. Harris señaló que la misma se considera "inconstitucional" y "totalmente reprobable".

La fiscal general de California debe hacer el pedido ante la instancia superior de justicia de California por no tener la competencia de detener propuestas.