Tras una fuerte batalla en diversos frentes, Theresa May deberá acatar la resolución del Parlamento antes de iniciar el proceso de salida de la Unión Europea (UE) que se dio a conocer como brexit, tras la votación a favor en el referendo que tuvo lugar a mediados del 2016. 

Este martes por la mañana el Tribunal Supremo británico falló-  con el voto en contra de solo tres de los 11 magistrados- que el Parlamento deberá aprobar la activación de las negociaciones de salida de la UE.

De esta manera queda en manos de los diputados la posibilidad de enmendar, discutir y/o aprobar los planes de May para el brexit. 

El Gobierno reclamaba su derecho a utilizar la prerrogativa real -que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona sin consultar al Parlamento- pero las presiones sociales- en un movimiento encabezado por la ejecutiva de la City Gina Miller-   y políticas fueron escuchadas por el Tribunal Supremo británico.  

Desde la justicia se falló que si bien se reconocía la vigencia de la prerrogativa real hacia el Ejecutivo, es el Parlamento el que debe discutir el cambio de leyes, incluso la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa que otorga un plazo de dos años para salir de la UE. 

"Las relaciones con la UE y otros asuntos de política internacional están reservados al Parlamento y al Gobierno, y no a las instituciones autónomas", asienta el fallo. 

El fiscal general, Jeremy Wright, admitió ante la prensa local que el Gobierno se encuentra "decepcionado" por el fallo del tribunal.  "Pero vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley", aclaró. 

Ahora, desde el equipo de May trabajan en redactar un texto lo más corto y simple para evitar que los diputados puedan llenar de enmiendas el proceso legislativo y poder así ajustarse al calendario de May que buscaba iniciar el proceso de salida en marzo.