Máxima Zorreguieta, hija de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de facto de Jorge Videla; habría intervenido en defensa del genocida: se trata del caso de Julio Poch, expiloto de la Armada investigado por su participación en los “vuelos de la muerte”.

Procesado en 2006 por su posible vinculación con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, Poch estuvo durante muchos años viviendo en los Países Bajos, donde operó para una compañía de vuelos. Allí, varios compañeros lo acusaron de haber hecho alarde de su participación en aquella práctica de exterminio que rigió durante el genocidio.

En 2008 la Argentina solicitó su extradición. Un año después el represor fue detenido en Valencia, España, y en 2010 fue juzgado en Argentina y encarcelado hasta el año 2017, cuando tras varias operaciones judiciales con el visto bueno del gobierno de Mauricio Macri finalmente fue absuelto (un año antes de la absolución Máxima y Macri se reunieron en el marco de la cumbre de Davos). 

 

 

Según datos que aparecieron en las últimas horas, citados por Infonews, durante el proceso judicial se registraron numerosas irregularidades en el proceso de detención y extradición por parte del Gobierno de Holanda con la supuesta implicación de la reina Máxima.

En este marco, según Roelof Jan Mansholt, vicepresidente de Eurojust (agencia de la Unión Europea encargada de la cooperación judicial entre los Estados miembros), la Casa Real realizó una llamada de parte de la reina en la que se cuestionaba si "el caso contra el piloto argentino era necesario", ya que "podría ser doloroso para Máxima".

En aquel momento, Mansholt contestó que el caso era "mucho más doloroso para las víctimas arrojadas desde el avión y los familiares", además de pedir una solicitud por escrito que nunca llegó, según publica la prensa europea.