Cuando Macri pensó en traer esta ley a la Argentina jamás esperó este resultado ya que este sistema es el que permitió a Chile, España y México, alcanzar niveles de obra pública inéditos como por ejemplo la impresionante extensión de los subtes de Santiago o de Madrid que son fruto de este tipo de normativa.

¿Y cómo funciona? específicamente la Ley de Participación Público-Privada sostiene que el Estado se hace cargo de poner una parte del financiamiento y se busca un socio privado que aporta el resto por lo que la presión sobre el gasto público disminuye sin que merme la cantidad de las obras de infraestructura.

Ya lleva 9 meses aprobada y por Vialidad Nacional son frecuentes las visitas de empresarios donde les comentan esta novedosa forma de financiamiento de la obra pública. El problema es que el costo de tomar financiamiento en el mercado local es elevado, y la promesa de repago mediante concesiones no genera la suficiente confianza habida cuenta de los antecedentes recientes de nacionalización de empresas y de congelamiento de tarifas.

Es más en El Infrascopio 2017, un documento elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubicó a la Argentina en el puesto 17 de los 19 países evaluados solo por encima de Venezuela y Ecuador.  La principal carencia de Argentina, de acuerdo con este informe, se relaciona con la falta de maduración de proyectos (39/100), el escueto marco institucional y la dificultad de financiamiento (42/100). Por el contrario, sus mejores puntos son el clima de inversión (55/100) y la nueva regulación (60/100).