Una nota publicada por el diario Clarín (http://www.ieco.clarin.com/economia/Tirando-devaluacion-cabeza_0_1470452961.html), denomina “grieta” a una disputa entre fracciones de capital ya plasmada en otros momentos de la historia: “el tema de la posible devaluación (para el 100% de los economistas, aunque con variantes, inevitable) y su traslado a precios saca a flote otra “grieta” entre los argentinos: los “dolarizados” y los “no dolarizados”.

Para analizar este debate, vale retomar a Antonio Grasmci, quien asume que la disputa política en la superestructura estatal es la pelea entre las distintas fracciones de clase por la conducción política de los procesos y la decisión sobre la política económica.

En el proceso histórico argentino, estas disputas se manifestaron en mega-devaluaciones como en los años 1989 y 2001, y reflejaron recurrentemente las peleas entre las fracciones del capital, dejando a un lado a los trabajadores o a la fracción asalariada. El origen que da lugar a este escenario es la apropiación de un 20% de los ingresos en manos de los trabajadores, derivada de la decisión de Martínez de Hoz de liberar precios y congelar salarios en 1976.

La disputa por esa masa de excedentes explica los recurrentes conflictos entre fracciones de capital (algunos manifestados en crisis orgánicas), hasta el año 2003. En este orden de ideas, la eventual mega-devaluación de Macri y el análisis de Clarín de hoy, pretenden reinstalar el mismo escenario.

Crisis de 1989: Ganadores y perdedores

Durante la década del 80 existió un claro predominio por parte de los grupos económicos locales sobre los acreedores externos en la apropiación del excedente. Esto se vio profundizado por la moratoria de la deuda externa de hecho que se declaró hacia mediados de 1988: es decir, los bancos acreedores no percibían los intereses ni las amortizaciones y no podían avanzar en el esquema de privatizaciones para cobrarse la deuda con empresas públicas (como se plasmaba en los ejes del Plan Baker, pactado cinco años antes). De esta manera, el rol de deudores (poder local) y acreedores (bancos transnacionales) se manifestaba en un obvio conflicto de intereses. Los acreedores externos recurrieron a presiones (al gobierno radical controlado políticamente por la fracción del capital local), provocando conmociones económicas y sociales para modificar una situación que les era adversa. El estallido del conflicto se produjo recién en febrero de 1989, luego del cambio presidencial de EEUU, cuando los bancos acreedores provocaron una corrida cambiaria que con una profunda crisis hiperinflacionaria obligó a un recambio anticipado del gobierno.

Sin embargo, como sucede en la actualidad, los mismos diagnósticos de la época cuestionaban el rol del Estado, marginando el verdadero eje de disputa.

· “la crisis es de un modelo populista y facilista, de un modelo cerrado, de un modelo centralizado y estatista” (Sourrouille, 1989).

· “es la crisis terminal del sistema estatista latinoamericano gestado a partir de 1930 y de la Segunda Guerra” (J. Llach, Otro Siglo, Otra Argentina, 1997).

2001: ganadores y perdedores

La resolución de la crisis de 2001 significó el triunfo de la alianza devaluacionista en detrimento de la fracción del capital extranjero promotor de la dolarización. Esta alianza fue impulsada por la fracción de capital (los grupos locales) que ya no ejercía el predominio económico, ya que había sido desplazada por el capital extranjero a través de la extranjerización de empresas locales desde mediados de los noventa. Sin embargo, conservaba la hegemonía política, fundamentalmente encarnada en la figura de Eduardo Duhalde en carácter de presidente provisional.

Asimismo, aquellos que impulsaron la devaluación en el año 2002 lograron consensuar con amplios sectores un discurso de protección de la industria nacional y de protección del campo. Entre los principales actores de la alianza devaluacionista se encontraba el empresariado productivo (vinculado a la UIA y el Grupo de los 8), el FMI, entidades agropecuarias (CRA), la Cámara Argentina de la Construcción, entidades sindicales (CGT moyanista) y representantes de la cúpula de la Iglesia. Este amplio frente devaluacionista sentenció el fin de la convertibilidad y el resultado significó:

· la megadevaluación, la cesación de pagos y la pesificación asimétrica;

· la desdolarización y desindexación de los servicios públicos afectando a las fracciones del capital “derrotado” que controlaban las empresas de privatizadas casi en exclusividad desde 1995;

· una serie de demandas en el Ciadi enmarcadas en la firma de los TIB durante los ’90 (Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras);

· el impacto negativo en los sectores populares a través de la fuerte caída del salario real;

· el impresionante incremento de las rentabilidades de la cúpula empresarial mediante la reducción de los costos salariales y la inserción del “shock de competitividad” vía devaluación.

Esto se tradujo en la victoria de los grupos económicos locales frente al capital extranjero que controlaba las empresas de servicios públicos y ante los acreedores externos perjudicados por el default.

La disputa del modelo de Macri con el patrón de acumulación del kirchnerismo

El origen del planteo devaluacionista expresado políticamente en el frente Cambiemos apunta a capturar el excedente derivado de una posible mega-devaluación de Macri. Por eso el debate reaparece en la nota de hoy.

Mega-devaluacionistas y acreedores externos: nueva comunidad de negocios

Una mega devaluación, como se ha dicho en otras oportunidades, significaría una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se traduciría: 1) en excluir a los trabajadores de la puja por el excedente y 2) en que el centro de los conflictos se traslade a la apropiación de esa masa de recursos entre fracciones del capital. En este sentido, la disputa es por quién impone el diagnóstico sobre el funcionamiento económico, y seguidamente la solución.

Bajo este paraguas, la opción devaluatoria, bandera inclaudicable del sector agroexportador, hoy parece reunir nuevamente a un amplio abanico de actores políticos y económicos con el diagnóstico centrado en el exceso de “estatismo” y regulaciones, la imposibilidad de “generar confianza” para atraer inversiones y liquidar la cosecha, y por ende, la “falta de competitividad”. Congrega, en principio, a las fracciones que son inmediatas beneficiarias: la oligarquía pampeana eminentemente exportadora, la cúpula industrial orientada al mercado externo y el sector financiero que especula (compra dólares) en vistas a hacer la diferencia con un dólar más alto.

Así, con la “salida” macrista parecería delinearse una nueva comunidad de negocios, donde no sólo las fracciones locales exportadoras (de commodities agrícolas e industriales) se verían beneficiadas con la devaluación, sino que además las empresas de servicios públicos aprovecharían un aumento de tarifas (que luego intentaran indexarlo al valor del dólar) y las fracciones acreedoras del exterior, hoy con escasa incidencia, encontrarían la forma de recrear su negocio perdido en el 2005 a través de un posible acuerdo de pago a los fondos buitres.

*También colaboró en la redacción de este artículo Julia Strada. Integrante CEPA. Politóloga. CONICET. Maestría en Economía Política (Flacso)