APYME, a través de un comunicado, le solicita a la AFIP una moratoria fiscal, suspensión de embargos y ejecuciones, entre otras medidas. "Consideren la implementación de medidas más abarcadoras y que realmente den un alivio a las Pymes en un contexto recesivo que no tiene final a  la vista" especificaron.

Ante el inminente vencimiento de la vigencia de la RG de AFIP 4289, cuya prórroga vence el 31/1/19), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) solicitó una prórroga para las deudas tributarias.

Según APYME hubo 100.000 millones de pesos de deuda en diciembre de 2018, lo que representa más del 120% de crecimiento respecto del año anterior, que había sido de 44.000 millones. 

"Este reconocimiento que evidencia el grado de imposibilidad de cumplimiento de los vencimientos fiscales y previsionales  por parte de las Pymes ante la caída de la actividad y una ruptura notoria de la cadena de pagos,  fruto de las políticas restrictivas del Gobierno, y no con la supuesta falta de competividad empresaria, tal como expresan algunos sectores del Gobierno" completaron.

Posteriormente describieron la realidad actual de las medianas y pequeñas empresas: "Miles de Pymes que no pueden pagar regularmente sus impuestos a causa de una sostenida disminución de ventas en un contexto de constante pérdida del poder adquisitivo del mercado interno, fuertes aumentos tarifarios, dolarización de insumos, paralización del crédito con tasas que impiden la inversión productiva, y competencia de productos importados fruto de la desregulación comercial. En este marco, las Pymes deben elegir entre pagar las cuotas de planes o los vencimientos regulares".

La entidad vuelve a reclamar una moratoria y ampliación de los planes de facilidades permanentes, con quita de intereses, para deudas tributarias y previsionales, sin restricción de acceso para las Mipymes. Junto con esta medida debe disponerse la suspensión de embargos y ejecuciones por deudas impositivas tanto de AFIP, como ARBA y AGIP y el resto de las agencias de recaudación de las otras provincias. También debe suspenderse el mencionado scoring, que agrava la inequidad ya existente.