Como se sabe, el fiscal Guillermo Marijuan denunció el a 52 universidades nacionales por presunta malversación de caudales públicos, a partir de una información publicada por el diario Clarín referida a unos 747 millones de pesos distribuidos entre ellas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Para la doctora en educación y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Gabriela Diker, la ofensiva judicial de Marijuan es en realidad "un ataque contra el sistema universitario público" y pretende instalar "el cuestionamiento a la gratuidad y al ingreso irrestricto".

La denuncia del fiscal federal "produce dos efectos: contribuir a esta campaña de desprestigio de las universidades públicas en la Argentina e instalar un cuestionamiento del financiamiento del Estado" a las casas de altos estudios, añadió la rectora.

La presentación de fiscal "denota una ignorancia que es sorprendente porque pareciera que Marijuan no entiende cómo se financia el sistema universitario público", dijo Diker, dejando claro que "por supuesto que hay transferencia del Gobierno Nacional a las universidades, que tienen un presupuesto aprobado por ley".

En declaraciones por radio Del Plata, la rectora afirmó que "todas las universidades son auditadas por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación", por lo que sentenció que "es muy significativo que un fiscal denuncie a todo el sistema educativo".