En marzo, varias empleadas del Centro Cultural San Martín denunciaron malos tratos por parte del director Diego Pimentel, y la respuesta fue quedarse sin trabajo. 

Finalmente presentaron la denuncia en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA para denunciar a Pimentel por el hostigamiento, la intimidación y el maltrato ejercido dentro del espacio laboral y la respuesta por parte del organismo fue despedirlas. 

Según explicaron en un comunicado difundido en marzo, los maltratos físicos y psicológicos por parte de Pimentel –a cargo del Centro Cultural desde enero de 2016– fueron aumentando y agravándose conforme “a la relación y la confianza” que él establecía con las trabajadoras.

“Todos los días cuando nos saludaba, o en cualquier otro momento que lo veíamos, nos abrazaba fuertemente apretándonos contra él, nos pellizcaba el rostro, nos agarraba de la cintura ejerciendo fuerza sobre nuestros cuerpos causando dolor, nos reducía llevándonos las manos por detrás de la nuestra espalda y las retorcía, nos agarraba con su brazo desde atrás rodeando nuestras gargantas simulando querer asfixiarnos a modo de ‘juego’. Nos besaba en la frente, en las manos y hasta en el cuello, nos masajeaba los hombros y hacía comentarios sexuales sobre nuestro aspecto físico de forma lasciva”, contaron las mujeres.

Este tipo de tratos, según denunciaron, solo tenían como víctimas a trabajadoras mujeres. “Hemos padecido también humillaciones, descalificaciones y persecuciones sobre nuestras tareas: nos llamaba y nos escribía mensajes por fuera del horario laboral; durante las reuniones de equipo nos gritaba y humillaba delante del resto”, agregaron.

“En el último tiempo la situación se volvió insostenible y un día rompimos el silencio. Expresamos que no podíamos seguir trabajando en esas condiciones y como respuesta fuimos despedidas de manera arbitraria”, explicaron.

Antes de denunciar penal, mandaron un telegrama al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura, y al Centro Cultural San Martín. La demanda era que les asignen otro trabajo para que se interrumpa la violencia que estaban sufriendo. La respuesta fue otro telegrama, firmado por Pimentel, en el que les rescindían sus contratos, renovados hacía menos de dos meses. Fue entonces cuando presentaron la denuncia penal.

En la actualidad, la causa penal sigue su curso y está en etapa de pruebas. “Se presentaron testigos que acreditan el trato desigual de Pimentel con respecto de las empleadas mujeres. Su defensa se basa en presentar el caso como un conflicto laboral y en que no había contacto directo pero tenemos prueba suficiente para desacreditar esos testimonios”, dice Jimena Gibertoni, la abogada querellante.