La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio y por esa razón organizaciones opuestas al mismo ya preparan movilizaciones para intentar frenar su ratificación.

Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito, aunque según la UE, se trata de un simple retraso por razones de procedimiento. En Polonia hace días que se han organizado movilizaciones.

Mientras el Congreso de los Estados Unidos frenó las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países.

Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor.

Lo que más preocupa a quienes combaten la iniciativa es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que favorecieran la piratería a nivel comercial.

ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en la Web, lo que supondría afectar la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores.

No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados, ya que las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, aseguraron que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. 

Quienes se oponen al tratado, por su ambigua y genérica redacción, subrayan expresiones como la necesidad de "remedios expeditivos" para prevenir las infracciones y el despliegue de "obstáculos" para impedir que avance la piratería.

El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.

Ayer, John Clancy, portavoz del comisario de Comercio de la UE Karel de Gucht, formuló las primeras declaraciones para calmar los ánimos de la comunidad de Internet.

"ACTA -aseguró- no restringe la libertad de Internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo".

Clancy insistió en que "no interfiere en la manera en que usamos Internet en nuestra vida cotidiana. Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado", aseguró.
Según la UE, se trata de un texto distinto a las leyes estadounidenses SOPA y PIPA, ahora congeladas, porque no prevé impedir el acceso a la Red.

La UE calcula que Europa pierde anualmente 8.000 millones de euros por el tráfico de material discográfico, cinematográfico y literario pirateado.
En España, la Asociación de Internautas mantiene una postura totalmente contraria a que prospere ACTA en el Parlamento Europeo y aseguro que presionará a los legisladores españoles para que voten en contra.

El Partido Pirata europeo, a iniciativa de su capitulo catalán, difundió un formulario para que los clientes de Megaupload que han perdido sus archivos depositados en el servicio clausurado puedan reclamar la devolución y una indemnización.

La fórmula jurídica de la demanda, explica el abogado Josep Jover, uno de los diez letrados que estudia el caso, se está por decidir.

El Partido Pirata dijo que "el FBI ha causado daños incalculables, muy superiores al beneficio que perseguían con la acción emprendida, en un intento fallido de impedir el acceso a los materiales audiovisuales hospedados en Megaupload que pudieran estar vulnerando copyrights".

"Sin embargo, estos contenidos siguen estando disponibles en otros tantos servicios en Internet, evidenciando la ineficacia de la medida. Por contra, con el cierre del servicio han impedido el acceso a millones de archivos de particulares y organizaciones, ocasionando graves daños personales, económicos y de imagen a millones de personas; y han vulnerado los artículos 197 y 198 del Código Penal al apropiarse indebidamente de datos de carácter personal".

El texto concluye que Pirates de Catalunya con la colaboración de del partido Pirata Internacional y los partidos pirata adheridos a esta campaña, facilitará la presentación de denuncias contra las autoridades de EEUU en diversos países.