Según el parte médico oficial, "se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito, siendo las 08.25 hs del día de la fecha".

Videla, que permanecía encarcelado en la cárcel común de Marcos por varias condenas a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad, llegó a proclamarse "preso político" aunque a la hora de declarar por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor dijo que sufría una "crisis de memoria".

Poco antes, en declaraciones a una revista española aparecida en marzo, el dictador había pedido a miembros del ejército "que aún estén en aptitud física de combatir" que se armen para enfrentar a "la presidente Cristina y sus secuaces".

Según Videla, "de perpetuarse el gobierno actual en el poder serán nuevamente las Fuerzas Armadas y de Seguridad junto al pueblo del cual provienen", quienes lo "impedirán por imperio de lo normado en la Constitución Argentina".

Nacido en Mercedes un 2 de agosto de 1925, fue el primer presidente de facto tras el golpe que encabezó el 24 de marzo de 1976, período que es considerado como el más sangriento de la historia argentina, provocando miles de desaparecidos, asesinados y torturados.

Tras la recuperación de la democracia, en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.

El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso conocido como UP1. El 5 de julio de 2012, fue condenado a 50 años en prisión por encontrársele responsable penalmente por el secuestro sistemático de neonatos y niños durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La última declaración judicial que brindó el genocida fue el martes último, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital Federal que juzga a 25 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.

En esa ocasión, el condenado dictador volvió a exponer la llamada "teoría de los dos demonios" y dijo que la causa era "cosa juzgada", señalando que el TOC 1 "carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los casos producidos por el ejército en la lucha antisubversiva que dio lugar esa guerra interna", considerando que sí era competente el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

En la misma causa están imputados, entre otros, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Miguel Landoni.

Allí se investigan violaciones a los derechos humanos, los cuales alcanzan un total de ciento ocho (108) casos, en el marco de los objetivos propuestos en el acuerdo que se habría celebrado entre varios países del Cono Sur y que diera en llamarse "Operación Cóndor", atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, según informa el CIJ.