En su reciente Informe Anual de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró un proceso que había sido iniciado en 1995, sobre un reclamo de derechos provisionales.

De esta manera, el Caso 11.670 (Menéndez y Caride) se dio por concluido, según expresó un comunicado que difundieron la Anses y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana destacó las políticas de seguridad social adoptadas por el Estado Argentino y específicamente en materia de resolución de sentencias judiciales.

El Estado Argentino era objeto de una denuncia internacional presentada por algunos estudios jurídicos locales,  el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que luego se retiraron del caso.

En 1995, dos titulares de prestaciones previsionales nacionales presentaron una denuncia ante la CIDH entendiendo que diversa normativa del Estado Nacional afectaba sus derechos relacionados con la propiedad.

Indicaban que, la reforma del procedimiento judicial previsto impedía que pudieran hacer efectivo su derecho de obtener una sentencia judicial o de lograr el ajuste del haber una vez dictada la sentencia en función de las facultades y cambios de procedimientos que preveía la normativa.

El caso fue declarado admisible por la CIDH en 2001, y dos años después, a instancias de la Cancillería Argentina y de la ANSES, las partes convinieron abrir un espacio de diálogo para lograr una solución amistosa.

Para arribar a esta conclusión la Comisión expresó que “valora la abundante y detallada información suministrada por el Estado que da cuenta del emprendimiento de reformas estructurales en materia de Seguridad Social".

El Estado Argentino realizó entonces varias acciones para mejorar los procesos judiciales y administrativos sobre la materia previsional y con las leyes 26.025 y 26.153 se modificaron los aspectos de la 24.463 que podían constituirse en un impedimento para acceder a la Justicia.

De igual manera, el Gobierno Nacional ya hacia 2006 modificó toda la normativa de fondo que podía afectar el derecho al acceso a la Justicia por parte de los titulares de derechos previsionales.

"El Gobierno argentino valora positivamente la decisión adoptada por la Comisión, en tanto constituye un reconocimiento expreso a los importantes avances registrados en el marco de la implementación de políticas públicas en materia previsional instrumentadas en el contexto del proceso de solución amistosa del caso", puntualiza el comunicado de Anses y la Cancillería.