La denuncia de la titular de la dirección de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, Rosana Gargiulo, disparó el comienzo de una investigación de la justicia federal por el supuesto robo de documentación, vinculada con los trámites para el cobro de indemnizaciones, de parte de las víctimas de la última dictadura cívico militar.

El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi investiga el faltante de cuatro expedientes "y varios más", en palabras de Gargiulo, tras encontrarse con un estante que había sido vaciado, en las oficinas de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias.

Esta división se encarga de agrupar la prueba necesaria en el acreditamiento de cada pedido de reparación indemnizatoria para las víctimas del terrorismo de Estado: entre los afectados están los expedientes de José Lázaro Alonso, Santiago Catalino Andes, Víctor Canotia y Oscar Norberto Miller, según informó Telam.

El robo se produjo en el edificio de la calle 25 de Mayo 544, donde opera también una oficina de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y otra de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.

El subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira, confirmó un faltante de 140 expedientes, y aseguró que el personal del organismo "trabaja activamente para recuperar la información", según declaró ante la agencia Telam.

Desde la secretaría que conduce Claudio Avruj informaron que la investigación generó un sumario interno para intentar determinar qué fue lo que pasó: "Vamos a trabajar para que no se pierda ninguna información. Nos vamos a poner en contacto con las personas involucradas y trataremos de llevarles tranquilidad", remarcó Schapira.