En la Argentina abortar es ilegal aunque existen excepciones contempladas por la justicia como en caso de violación o si el embarazo pone en peligro la vida o salud de la madre.

Sin embargo ante esta posibilidad legal de interrumpir un embarazo, avalada por un fallo de la Corte Suprema, las mujeres que deben atravesar esta traumática situación también se encuentran con numerosos obstáculos como  la falta de información, ausencia de protocolos y la objeción de conciencia de los médicos.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, denunció en su visita a Buenos Aires que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una "violación de los derechos humanos" y "contribuye a la alta tasa de mortalidad materna" en el país.

Simonovic pidió al Ministerio de Salud que difunda información sobre los hospitales que practican abortos legales y exija "una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de los embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto, que puede ser considerado como una tortura".

Además Simonovic exigió al Gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en una sociedad donde cada año se practican alrededor de medio millón de abortos. 

Según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros y un centenar mueren por este motivo siendo la principal causa de mortalidad materna en Argentina. 

La enviada de la ONU sí  elogió la aprobación de un plan para la erradicación de la violencia contra la mujer, que entrará en vigor en 2017 aunque señaló que es necesario reforzar las medidas como aumentar el número de refugios para víctimas, capacitar a jueces y policías y garantizar que los agresores no violen las órdenes de restricción.

Fuente: El País