Muchos sostienen que fue una estrategia de marketing lanzada durante las semanas previas a la Navidad para hablar sobre los juguetes inteligentes conectados a la red, pero la cuestión se volvió algo oscura y el Gobierno alemán advirtió sobre el peligro de una "inocente" muñeca de cabello platinado.

La muñeca en cuestión se llama Mi Amiga Cayla, del fabricante Genesis Toys y está envuelta en una investigación llevada adelante por el Departamento de Justicia de los EEUU y la Unión Europea por la supuesta recolección ilegal de datos personales de millones de niños que mantienen "conversaciones" con ellos (la fábrica de las muñecas está en Hong Kong).

Una advertencia originada en Berlín y enviada por correo a miles de hogares dentro del territorio alemán instruye a los padres a tomar cartas en el asunto, ordenándoles que destruyan "con un martillo" a la muñeca en cuestión, hoy catalogada como un artículo de espionaje ilegal, luego de una exhaustiva investigación.

El Organismo Federal Alemán de Control de Redes, considerado el órgano mayor de control de telecomunicaciones del país, emitió una orden de destrucción de Mi Amiga Cayla, a la vez que prohibió su venta, compra y posesión.

 

Según reportes del Wall Street Journal, Jochen Homman, presidente del organismo aseguró que la medida busca "proteger a los más indefensos" de la sociedad. Alemania se caracteriza por sus estrictas reglas en lo que hace a la protección de la privacidad.

 

El organismo ha puesto recientemente el foco en una nueva generación de juguetes que aparentemente todo lo ven y todo lo escuchan. Osos de peluche, autos a control remoto y robots han invadido las habitaciones de millones de niños dentro de Alemania.

Pero no solo eso, advirtieron que, quienes ignoren las instrucciones de destrucción de la muñeca, serán multados con hasta 25.000 euros y dos años de prisión bajo el párrafo 90 de la ley de telecomunicaciones alemana.

Los padres que tengan al juguete deberán enviar a las autoridades pruebas de la destrucción de la muñeca, junto con un certificado que debe ser completado por los mayores a cargo y luego firmado por una compañía designada para la recolección de los "residuos".