El 27 de junio, Gustavo Villanueva, juez federal de Bariloche, ordenó la detención de Facundo Jones Huala, lonko del Pu-Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, a raíz del pedido de extradición realizado por las autoridades chilenas. Sin embargo, después de una primera detención en mayo del año pasado, el proceso fue declarado nulo por el juez federal Guido Otranto, ya que la información que había derivado en la detención del Lonko había sido obtenida mediante torturas a un testigo. Cuando la corte Suprema es la que se debe pronunciar, Villanueva volvió a ordenar su detención, de manera completamente ilegal. 

“Nosotros consideramos esta situación dentro del contexto de una escalada de violencia política generalizada contra la causa mapuche, de la que soy militante y, en mi territorio, autoridad política filosófica, en cuanto lonko”, explicó hace pocos días en radio Presente.

“Entendemos que para el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, las comunidades mapuches son un peligro para la seguridad nacional, por nuestras demandas políticas y territoriales. Si representamos un peligro real es para las inversiones capitalistas trasnacionales y para los oligarcas criollos, enemigos históricos del pueblo mapuche, porque nuestra propuesta política tiene raíz y se expande en las comunidades. No luchamos por concesiones o reformas superficiales, sino por la reconstrucción integra de la nación mapuche”, denunció el referente indígena.

Recientemente, la manifestación que repudió el rechazo a su excarcelación frente a Tribunales y que fue brutalmente reprimida con un gran accionar policial, parece haber dado frutos: “Estuve unos días en aislamiento, en una celda de castigo, me quitaron mis medicinales tradicionales, pero a partir de la movilización hubo un cambio de régimen”, reveló sobre los maltratos a los que fue sometido.

Por su parte, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta -que también es parte del equipo legal que defiende a Milagro Sala- relacionó ambas causas con "una clara decisión política de combatir al enemigo político ya sean referentes sociales, indígenas o políticos por medio de la persecución judicial".

"Es muy difícil cuando hay ciertas reglas que son la constitución, los tratados internacionales, los códigos procesales y te encontrás con jueces o fiscales que no cumplen esas reglas. Por eso tenemos que ir a recurrir a instancias internacionales, ir a pedir a la Comisión Interamericana, ir a las Naciones Unidas", advirtió Gómez Alcorta en declaraciones a radio Libre.