Es apenas uno de los casos de los millones de argentinos afectados por una resolución mezquina del Gobierno, que prima su sospecha por sobre las necesidades cotidianas de uno de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En el video, Carlos cuenta que le quitaron la pensión por discapacidad a pesar de que hace 11 meses le renovaron su certificado correspondiente. Este caso muestra cómo funcionan las nuevas disposiciones del ministerio de Desarrollo Social, que limitan a los beneficiaron con insólitos argumentos, como poseer un vehículo -no importa su valor- o que el cónyuge perciba el haber mínimo de jubilación.

Sin embargo, además de la injusticia lo que se impone desde el organismo es una actitud de abandono: la solución que le dieron al consultar se refiere al divorcio como la llave que le permita volver a percibir su haber, para gambetear así la disposición técnica. Claro, después deberá atravesar trámites y esperar aprobaciones oficiales que tardan meses. Eso si es gestión eficiente y sensibilidad humana...