"Mi primer paso a la libertad, un allanamiento, que increíble", suelta Alika Kinan mientras relata su paso por la calle donde fue rescatada en octubre de 2012, junto con otras seis chicas víctimas de trata. Allí funcionaba un local nocturno llamado "Sheik". Fue liberada gracias a un operativo de Gendarmería Nacional, junto con la municipalidad de Ushuaia. 

Kinan es la primera sobreviviente y víctima de trata que se presenta como querellante en el juicio a sus proxenetas y al Estado, por no protegerla. El histórico juicio empezó este lunes a la mañana en la ciudad de Ushuaia y se estima que se extenderá a lo largo de toda la semana, por la cantidad de testigos que van a declarar.

Son tres los imputados y están acusados de trasladar con fines de explotación sexual, al menos a ocho mujeres en situación de vulnerabilidad, al prostíbulo "Sheik" que es uno de los más conocidos de la capital fueguina. Entre los acusados, está el dueño del local.

El titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, viajó especialmente a la capital fueguina y está presente en el juicio.

Marcelo Colombo le comentó a Cosecha Roja que Alika "“Va a declarar en una especie de Cámara Gesell. Le pedimos a la Fiscalía que disponga de la mayor seguridad posible. No habrá testigos, no estarán los acusados". 

El debate con el que abrió hoy el histórico juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, integrado por los jueces: Ana María D’Alessio, Luis Alberto Giménez y fue convocado para completar la integración Enrique Guanziroli, magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Chubut, designado por la Cámara Federal de Casación Penal y juzgarán a Pedro Montoya e Ivana García, dueños del prostíbulo El Sheik, además de Lucy Alberca Campos, encargada del lugar.

Montoya y García son juzgados “por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual cometido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en razón de ser siete la cantidad de víctimas, y por ser tres los imputados que actuaron de manera organizada”, y Campos (32), en calidad de partícipe necesaria. La pena: de 4 a 10 años de prisión.

Colombo también le dijo a Página 12 que la particularidad de este juicio, además de ser querellante contra sus tratantes, es que se discutirá dentro del proceso penal, la responsabilidad civil de la municipalidad de Ushuaia, que podría derivar en la primera reparación económica que un tribunal oral federal podría ordenar. "En la acción civil interpuesta y representada por la Defensoría General de la Nación se buscará algo difícil: cuantificar económicamente el daño ocasionado por el día a día padecido en un prostíbulo”.