Luego de la contundente derrota que significó la marcha atrás con las iniciativas para avanzar con una reforma judicial y del histórico fallo de la Corte Suprema que convalidó la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, el gobierno se apresta a afrontar una de las últimas instancias trascendentales de este convulsionado año que se nos escurre.

Me refiero a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial que comenzará a definirse este jueves cuando se reúna la comisión bicameral redactora del proyecto que propone modificaciones sustanciales a las normativas que rigen el derecho privado de los argentinos. El plan del oficialismo es que Diputados apruebe antes de fin de mes el texto que ya tendría el visto bueno de la corporación más inquieta por esta reforma: la Iglesia católica.

Los cambios al Código apuntan, entre otras cosas, a simplificar los trámites de divorcio, regular las técnicas de reproducción humana asistida y la gestación por sustitución, contemplar el matrimonio igualitario y nuevas formas de contratación.

Recordemos que el anteproyecto fue presentado en marzo de 2012 y la Bicameral armó audiencias públicas para debatir los alcances de la reforma en todo el país. Los cortocircuitos entre el Gobierno y la Corte y la elección de Jorge Bergoglio como Papa, demoraron el proceso que preveía llegar a fin de año con la aprobación parlamentaria del nuevo Código. Igualmente el proceso de negociación continuó tras bambalinas. El punto que permitió allanar el camino de los cuestionamientos formulados por el poder eclesiástico fue la eliminación de la maternidad subrogada y la reapertura de la discusión sobre el inicio de la vida humana.

Fundamentalmente este último punto dilatará por tiempo indefinido la aprobación de una ley que despenalice el aborto en nuestro país, algo tan reclamado por las organizaciones sociales y buena parte del espectro político –aún dentro del kirchnerismo-, pero inadmisible desde la perspectiva del Vaticano, sobre todo considerando que el Sumo Pontífice es oriundo de Argentina.

Claramente la Iglesia está mostrando su renovado poder y lo luce orgullosa con la suficiente altisonancia como para que no pase desapercibido. El viernes pasado dio a conocer un crítico documento en el que alertó sobre el avance del narcotráfico y la falta de claridad de las políticas públicas para combatirlo, simbolizadas en la acefalía de la Sedronar.

Y veinticuatro horas después se puso al frente de un encuentro multisectorial utilizando como excusa los treinta años de democracia, para evidenciar su vocación mediadora entre los supuestos antagonismos surgidos al calor del debate político y social. Con la iglesia de San Cayetano como marco, dirigentes de distintos partidos y sectores se reunieron para hablar de la "cultura del encuentro", encabezados por el titular de la Pastoral Social Diocesana Carlos Accaputo.

Durante el fin de semana desfilaron por el templo del patrono de los que buscan trabajo Carlos Tomada, Hugo Moyano, Héctor Méndez (UIA),  Julián Domínguez, Federico Pinedo, Ricardo Alfonsín y Roy Cortina, entre otros dirigentes, legisladores y funcionarios.

Tal vez aún no tomamos conciencia de lo que representa la reforma del Código acuñado por Dalmacio Vélez Sarsfield en el siglo XIX. Pero estén bien seguros que los grupos de poder y las corporaciones sí lo saben. La Iglesia es uno de los más interesados y por eso mueve sus fichas en un tablero donde, una vez más, la iniciativa fue del gobierno nacional.